Buscar información sobre custodia compartida en Madrid suele empezar con una pregunta: ¿cuántos días estará el menor con cada progenitor? La respuesta jurídica no nace de una fórmula matemática. El centro de la decisión es el interés superior del hijo y la capacidad de construir una organización estable, segura y compatible con su edad, colegio, salud y relaciones familiares.

Qué significa realmente la custodia compartida

La guarda compartida distribuye entre ambos progenitores los periodos de convivencia y las tareas cotidianas. No equivale necesariamente a semanas alternas ni obliga a un reparto exacto del cincuenta por ciento. Puede adaptarse a turnos laborales, distancias, lactancia, hermanos o necesidades especiales. Tampoco elimina la patria potestad: las decisiones relevantes sobre educación, salud o residencia suelen seguir correspondiendo a ambos, salvo que exista una medida distinta.

El artículo 92 del Código Civil exige que cualquier medida sobre custodia, cuidado y educación se adopte mediante resolución motivada y atendiendo al interés superior del menor. También protege su derecho a ser oído conforme a su madurez. El acuerdo de los padres es importante, pero el convenio debe ser revisado y no puede convertir al menor en objeto de intercambio.

Qué aspectos se valoran en cada familia

No existe una lista automática que garantice el resultado. En la práctica jurídica se examina el cuidado prestado antes de la ruptura, la disponibilidad real, la proximidad entre domicilios y colegio, las aptitudes parentales, la relación entre progenitores y la posibilidad de cooperar en asuntos esenciales. Una comunicación imperfecta no impide por sí sola cualquier fórmula compartida, pero una conflictividad que perjudique al menor exige medidas concretas.

También se consideran las necesidades de todos los hermanos y los informes que puedan incorporarse al procedimiento. El Código Civil establece límites cuando existe un proceso penal o indicios fundados de violencia doméstica o de género en los términos de su artículo 92. Cada supuesto requiere una comprobación rigurosa; no es correcto sacar conclusiones solo a partir de una discusión aislada ni minimizar una situación de riesgo.

Cómo construir un plan de parentalidad practicable

Calendario y transiciones

El calendario debe decir cuándo empieza cada periodo, quién realiza los traslados y qué ocurre en festivos, vacaciones o días sin colegio. Conviene escoger puntos de entrega que reduzcan tensión y prever retrasos razonables. Para niños pequeños pueden funcionar periodos más cortos; para otros, demasiados cambios resultan desestabilizadores.

Decisiones y comunicación

Es útil establecer un canal para compartir citas médicas, notas escolares y autorizaciones. Debe distinguirse entre una decisión cotidiana, que toma quien está con el hijo, y otra relevante que requiere acuerdo. No se trata de vigilar al otro progenitor, sino de garantizar continuidad en cuidados y acceso a la información.

Gastos de los hijos

La custodia compartida no elimina automáticamente la pensión de alimentos. Los hijos deben recibir atención según sus necesidades y los recursos de ambos padres. El plan puede fijar una aportación periódica, una cuenta común o porcentajes, además de definir los gastos extraordinarios y su autorización.

Lista práctica antes de proponer el plan

• Elabore un calendario de un año con vacaciones y turnos reales.
• Calcule tiempos de desplazamiento en horario escolar.
• Detalle quién atiende enfermedad, tutorías y actividades.
• Recoja ingresos y gastos del menor con documentos.
• Incluya un protocolo de comunicación breve y respetuoso.
• Prevea cambios de domicilio y viajes fuera de España.
• Evite cláusulas que obliguen al menor a transmitir mensajes.
• Revise el plan según la edad, sin dejar cambios automáticos ambiguos.

Si no hay acuerdo

Cualquiera de los progenitores puede plantear sus medidas en el procedimiento correspondiente. La autoridad judicial podrá recabar informes y oír al menor cuando proceda. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula los procesos matrimoniales y las medidas sobre hijos. Presentar una propuesta concreta suele resultar más útil que limitarse a pedir una etiqueta de custodia.

Si ya existe una sentencia, un cambio informal prolongado puede generar incertidumbre. Cuando las circunstancias se alteran sustancialmente —por ejemplo, horarios, residencia o necesidades del hijo— debe valorarse una modificación de medidas. Hasta que se formalice, la resolución vigente sigue siendo la referencia exigible.

Preguntas frecuentes

¿La opinión del hijo decide?

Debe ser escuchado cuando tenga suficiente juicio y en los casos previstos legalmente, pero no carga con la responsabilidad de elegir. Su opinión se integra con el resto de circunstancias.

¿Compartir custodia elimina los alimentos?

No. La respuesta depende de necesidades, tiempos de convivencia y capacidad económica. Puede existir aportación aun con periodos similares.

¿Puedo cambiar de ciudad con el menor?

Un traslado que afecta a residencia, colegio o relación con el otro progenitor no suele ser una decisión cotidiana. Debe buscarse acuerdo o autorización antes de actuar.

Convierta su propuesta en una organización viable

Abogados La Gavia puede ayudarle a revisar horarios, documentación económica y necesidades de los hijos para formular medidas ejecutables. El objetivo es que el plan funcione un lunes ordinario, no solo sobre el papel de la demanda.

Este artículo es información general, revisada a 31 de julio de 2026. No anticipa el resultado de un procedimiento ni sustituye el estudio individual de la familia, de posibles situaciones de violencia o de la normativa aplicable.

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Cuando una pareja ha decidido terminar su matrimonio, el divorcio de mutuo acuerdo permite presentar una solución consensuada sobre sus consecuencias personales y económicas. No significa que todo sea sencillo ni que ambos deban partir de la misma posición: significa que el resultado final se recoge en un convenio que los dos aceptan después de comprender sus efectos. Prepararlo con detalle evita que una cláusula ambigua se convierta después en una fuente de conflicto.

¿Cuándo puede tramitarse de mutuo acuerdo?

Como regla general, deben haber transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. El Código Civil regula el divorcio en los artículos 86 y siguientes y permite solicitarlo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. No es necesario alegar una causa ni demostrar culpabilidad.

La vía depende, sobre todo, de la situación familiar. Si existen hijos menores no emancipados o hijos mayores para los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, el divorcio debe tramitarse judicialmente. Cuando no concurre esa circunstancia y hay acuerdo, puede formalizarse ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante notario. En la vía notarial los cónyuges comparecen personalmente y asistidos por abogado. Los hijos mayores o emancipados que convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios deben consentir las medidas que les afecten. La Ley de la Jurisdicción Voluntaria concreta esta opción.

El convenio regulador: mucho más que un formulario

El artículo 90 del Código Civil enumera el contenido mínimo cuando resulte aplicable. El convenio puede ordenar el cuidado de los hijos, el ejercicio de la patria potestad, el régimen de estancias y comunicaciones, el uso de la vivienda y del ajuar familiar, la contribución a las cargas, los alimentos, la liquidación del régimen económico, la posible pensión compensatoria y el destino de los animales de compañía. Cada familia necesita una redacción propia.

Cuestiones que conviene concretar

• Calendario ordinario de los hijos, vacaciones, entregas y recogidas.
• Decisiones sobre educación, salud, viajes y actividades extraordinarias.
• Gastos ordinarios y extraordinarios: definición, proporción y autorización previa.
• Duración y condiciones del uso de la vivienda familiar.
• Pagos de hipoteca, alquiler, suministros, préstamos y seguros.
• Reparto o futura liquidación de bienes comunes.
• Forma de revisar las medidas si cambian ingresos, residencia o necesidades.

Un acuerdo puede ser aprobado si protege a los hijos y no resulta gravemente perjudicial para uno de los cónyuges. Cuando intervienen menores, el control judicial y el interés superior del menor ocupan un lugar central. Por eso no conviene copiar un modelo genérico que desconozca horarios laborales, necesidades educativas, distancias o capacidad económica real.

Documentos para preparar la consulta

Resulta útil reunir el certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento de los hijos, empadronamiento cuando sea relevante y documentación económica reciente: nóminas, declaraciones tributarias, prestaciones, contratos, préstamos, recibos de vivienda y relación de bienes. Si se prevé repartir patrimonio, añada escrituras, notas registrales, saldos bancarios y datos de vehículos. Una fotografía completa permite negociar sobre hechos y no sobre estimaciones.

Pasos habituales del procedimiento

1. Definir prioridades: identificar qué necesita cada miembro de la familia y qué puntos admiten alternativas.
2. Intercambiar información: comprobar ingresos, gastos, deudas y patrimonio antes de fijar obligaciones.
3. Redactar el convenio: convertir el acuerdo en reglas claras, ejecutables y adaptadas a la familia.
4. Firmar y presentar: demanda conjunta ante el órgano judicial competente o escritura, si legalmente procede.
5. Inscribir el divorcio: la resolución o escritura se comunica al Registro Civil para su inscripción.
6. Cumplir y revisar: conservar la documentación y pedir asesoramiento si las circunstancias cambian sustancialmente.

El divorcio produce efectos desde la firmeza de la sentencia o decreto, o desde el consentimiento otorgado en escritura pública, según la vía utilizada. Frente a terceros de buena fe cobra relevancia su inscripción registral. Firmar con prisa puede dejar sin resolver una cuenta conjunta, una deuda o la fiscalidad de una adjudicación.

Preguntas frecuentes

¿Podemos utilizar el mismo abogado?

En un procedimiento consensuado es posible actuar con una misma dirección letrada. Si aparecen intereses incompatibles o uno no comprende el alcance de una cláusula, puede ser prudente contar con asesoramiento independiente.

¿Es obligatorio liquidar los gananciales al divorciarse?

No necesariamente debe hacerse en el mismo momento. Sin embargo, aplazarlo mantiene bienes y deudas pendientes de reparto, por lo que conviene documentar cómo se administrarán mientras tanto.

¿Puede modificarse el convenio más adelante?

Las medidas pueden revisarse por nuevo acuerdo o, cuando proceda, por una alteración sustancial de las circunstancias. No basta cualquier cambio; debe estudiarse el caso y formalizarse correctamente.

Planifique el acuerdo antes de firmar

En Abogados La Gavia podemos revisar su situación, detectar puntos que aún no están resueltos y redactar un convenio comprensible. Una consulta temprana ayuda a comparar la vía judicial y la notarial, preparar documentos y proteger las necesidades de los hijos sin prometer soluciones idénticas para familias diferentes.

Contenido informativo actualizado a 31 de julio de 2026. No sustituye el asesoramiento jurídico individual. La vía, los documentos y los efectos dependen de las circunstancias personales y de la normativa aplicable.

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La diferencia entre la separación y el divorcio en cuanto a la pensión compensatoria es principalmente legal y puede variar según la jurisdicción.

Aquí hay una descripción general de cómo se aplican las pensiones compensatorias en el contexto de la separación y el divorcio:

1. Separación con pensión compensatoria:

• Durante una separación legal o una separación de hecho, las parejas pueden acordar o solicitar una pensión compensatoria como parte de los arreglos financieros temporales o a largo plazo.
• La pensión compensatoria en el contexto de la separación puede ser un acuerdo entre las partes o puede ser otorgada por un tribunal como parte de una orden judicial de separación legal.
• La pensión compensatoria durante la separación puede estar sujeta a revisión y modificación si las circunstancias cambian, como un cambio en los ingresos de una de las partes o un cambio en las necesidades económicas.

2. Divorcio con pensión compensatoria:

• En el caso del divorcio, la pensión compensatoria puede ser otorgada por un tribunal como parte del proceso de disolución del matrimonio.
• La pensión compensatoria en un divorcio puede ser otorgada como parte de un acuerdo entre las partes o puede ser determinada por el tribunal después de considerar varios factores, como la duración del matrimonio, los ingresos y activos de cada cónyuge, y las necesidades financieras después del divorcio.
• La pensión compensatoria en un divorcio puede ser otorgada por un período de tiempo específico o de forma indefinida, dependiendo de las circunstancias del caso.

En resumen, la principal diferencia entre la pensión compensatoria en el contexto de la separación y el divorcio radica en el estado legal del matrimonio y cómo se otorga y gestiona la pensión compensatoria en cada situación. Es importante consultar con un abogado especializado en derecho de familia para comprender completamente cómo se aplican las leyes de tu jurisdicción en relación con la pensión compensatoria en casos de separación o divorcio.

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La decisión entre separarse o divorciarse depende de las circunstancias individuales de cada pareja y de lo que sea mejor para su bienestar emocional, financiero y familiar. Aquí hay algunas consideraciones a tener en cuenta al evaluar cuál opción podría ser mejor:

1. Separación: Una separación legal puede ser una opción si una pareja necesita tiempo y espacio para resolver problemas en la relación o si no están seguros de si desean divorciarse de manera permanente. Durante la separación, las parejas pueden vivir separadas, pero aún están legalmente casadas. Esto puede ser útil para probar si la separación definitiva es lo mejor para ambas partes.
2. Divorcio: El divorcio es un proceso legal que disuelve oficialmente el matrimonio y termina todos los derechos y responsabilidades conyugales. Si una pareja ha agotado todas las opciones para salvar su matrimonio y está segura de que desea poner fin a la relación, el divorcio puede ser la mejor opción. El divorcio permite a las parejas seguir adelante con sus vidas por separado y tener la oportunidad de establecer nuevos arreglos legales y financieros.

Algunos factores a considerar al decidir entre separarse o divorciarse incluyen:

• Niños: Si hay hijos involucrados, es importante considerar cómo afectará la decisión de separarse o divorciarse a su bienestar emocional y desarrollo. Los padres deben trabajar juntos para crear un plan de crianza que proteja los intereses de los niños y les proporcione estabilidad y apoyo emocional.
• Aspectos legales y financieros: Tanto la separación como el divorcio implican cuestiones legales y financieras que deben ser abordadas, como la división de activos y deudas, manutención conyugal, manutención de hijos y custodia. Es importante entender cómo afectará cada opción a tus derechos y responsabilidades legales y financieros.
• Bienestar emocional: La separación y el divorcio pueden ser procesos emocionalmente difíciles para todas las partes involucradas. Es importante considerar cómo te sentirás emocionalmente y si estás preparado para enfrentar los desafíos emocionales que pueden surgir durante el proceso.

En última instancia, la decisión entre separarse o divorciarse es personal y debe basarse en lo que sea mejor para ti y tu familia en función de tus circunstancias individuales. Es recomendable buscar asesoramiento legal y hablar con un terapeuta o consejero matrimonial para obtener apoyo y orientación mientras consideras tus opciones.

Diferencia entre separación y divorcio con hijos

La principal diferencia entre la separación y el divorcio cuando hay hijos involucrados radica en el estado legal del matrimonio y cómo se manejan los asuntos relacionados con la custodia, la manutención de los hijos y otros aspectos.

1. Separación con hijos:

• En una separación, las parejas deciden vivir por separado pero aún están legalmente casadas. Durante la separación, pueden establecer acuerdos temporales sobre la custodia de los hijos, la manutención de los hijos y otros aspectos importantes.
• Durante la separación, la pareja puede llegar a acuerdos sobre la custodia física y legal de los hijos, así como sobre la manutención de los hijos. Estos acuerdos pueden ser informales o formalizados a través de un acuerdo legal de separación.
• Aunque la pareja vive separada, el matrimonio sigue siendo legalmente válido, lo que significa que ni el esposo ni la esposa pueden casarse con otra persona durante este tiempo, a menos que decidan divorciarse.

2. Divorcio con hijos:

• En el divorcio, el matrimonio se disuelve legalmente y se pone fin a todos los derechos y responsabilidades conyugales. Durante el proceso de divorcio, se deben resolver cuestiones como la custodia de los hijos, la manutención de los hijos, la división de activos y deudas, y otros aspectos legales y financieros.
• La custodia de los hijos, tanto física como legal, y la manutención de los hijos son aspectos fundamentales que se deciden durante el proceso de divorcio. Estos acuerdos se establecen en un acuerdo de custodia y manutención de los hijos que puede ser aprobado por el tribunal y convertirse en una orden judicial.
• Después del divorcio, ambas partes tienen libertad para volver a casarse si así lo desean, ya que el matrimonio ha sido legalmente disuelto.

En resumen, mientras que la separación implica vivir separados pero aún legalmente casados, el divorcio implica disolver legalmente el matrimonio. En ambos casos, cuando hay hijos involucrados, se deben abordar cuestiones importantes relacionadas con la custodia y la manutención de los hijos, pero los procesos legales y los resultados pueden variar dependiendo de si se trata de una separación o un divorcio.

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Prepararse para el divorcio puede ser emocional y legalmente complejo.

Aquí hay algunos pasos importantes que puedes tomar para prepararte:

1. Comunicación: Si es posible, trata de comunicarte abierta y honestamente con tu pareja sobre tus sentimientos y preocupaciones con respecto al divorcio. A veces, la mediación o el asesoramiento de parejas pueden ser útiles para explorar todas las opciones antes de tomar una decisión definitiva.
2. Recopilar documentos: Reúne toda la documentación financiera relevante, como declaraciones de impuestos, estados de cuentas bancarias, informes de ingresos, facturas, y cualquier otro documento que pueda ser importante para el proceso de divorcio. Esto te ayudará a tener una imagen clara de tus activos, deudas y gastos compartidos.
3. Buscar asesoramiento legal: Consulta con un abogado especializado en derecho de familia para comprender tus derechos y opciones legales en relación con el divorcio. Un abogado puede proporcionarte orientación sobre cómo proceder y ayudarte a proteger tus intereses durante el proceso.
4. Planificación financiera: Comienza a planificar tu situación financiera post-divorcio. Esto puede implicar establecer un presupuesto, abrir cuentas bancarias separadas, y considerar cómo se dividirán los activos y las deudas durante el proceso de divorcio.
5. Cuidado personal: El proceso de divorcio puede ser estresante y emocionalmente desafiante. Es importante cuidar de ti mismo durante este tiempo. Busca apoyo emocional de amigos, familiares o profesionales de la salud mental si lo necesitas.
6. Explorar opciones de vivienda: Si estás considerando mudarte después del divorcio, comienza a explorar tus opciones de vivienda y planifica tu futuro alojamiento.
7. Considerar el bienestar de los hijos: Si tienes hijos, asegúrate de tener en cuenta su bienestar durante el proceso de divorcio. Esto puede implicar discutir la situación con ellos de manera apropiada para su edad y mantener su rutina lo más estable posible.
8. Mantener la documentación: Guarda registros de todas las comunicaciones y transacciones relacionadas con el divorcio. Esto puede incluir correos electrónicos, mensajes de texto, recibos y cualquier otro documento relevante.

Prepararte adecuadamente para el divorcio puede ayudarte a navegar el proceso de manera más suave y proteger tus intereses a largo plazo. Recuerda que cada situación es única, por lo que es importante buscar asesoramiento legal y considerar tus necesidades individuales durante este tiempo.

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Se entiende por matrimonio aquel vinculo legal formado por dos individuos de forma voluntaria con el que se instituyen una serie de obligaciones y derechos propios de la unión matrimonial. Estas responsabilidades y derechos abarcan desde el ámbito jurídico hasta el patrimonial. En lo que respecta a este último ámbito, resulta necesario que al establecer el matrimonio se determine el régimen económico que regulara como se administrara el patrimonio de la pareja.

La determinación del régimen económico que gobernara el ámbito patrimonial del matrimonio se realiza ante un Notario estableciendo las llamadas capitulaciones matrimoniales, teniendo los cónyuges la posibilidad de elegir libremente el tipo de régimen más adecuado para sus necesidades e incluso pudiendo cambiar o modificar el mismo en caso de ser necesario.

Muchos matrimonios no establecen dichas capitulaciones, no obstante, esto no significa que dichos vínculos matrimoniales estén exentos de un régimen, ya que ante la ausencia de elección de un régimen se establece uno tipo de régimen económico predeterminado que varía dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren los conyugues. Los tipos de regímenes económicos son tres, tal y como lo establece el Código Civil. Dichos regímenes son:

• Régimen de gananciales: Este tipo de régimen establece que todo el patrimonio generado por los cónyuges durante la unión matrimonial se concebirá como comunes entre ambos. De esta manera, si se produjera la disolución del vínculo matrimonial, todo el patrimonio seria repartido a la mitad para cada cónyuge. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los bienes y ganancias de cada miembro del matrimonio se consideraran comunes, ya que, por ejemplo, aquellos beneficios y bienes que poseía uno de los integrantes de la pareja previo al matrimonio, continuaran considerándose privativos. El patrimonio común será todos aquellos gananciales generados posterior al matrimonio independientemente de cuál de los cónyuges lo genere.
• Régimen de separación de los bienes: Este es un régimen en el que se determina que todos los bienes y el patrimonio que generen los cónyuges siempre se consideraran privativos, independientemente si son producidos antes o después de que se formalice la unión matrimonial. De esta forma, cada cónyuge tiene el derecho de administrar, gozar y disponer libremente de sus propios bienes.
• Régimen de participación: En este caso, el régimen supone que a cada cónyuge se le otorga el derecho de participar en el patrimonio de su pareja mientras dure el vínculo matrimonial. Sin embargo, cada cónyuge tiene el derecho privativo de administrar, gozar y disponer de sus bienes hayan sido estos obtenidos posterior o previo al matrimonio. Dicho régimen se entiende como de tipo mixto ya que posee cualidades de los dos regímenes anteriormente descritos.

Resulta importante conocer cada uno de los tipos de regímenes económicos que ofrece la ley para las uniones matrimoniales ya que dependiendo de las características y el contexto de cada matrimonio resultara más favorable y beneficioso un tipo de régimen en particular, por ello, es recomendable hacer una adecuada e inteligente elección del régimen a establecer en las capitulaciones.

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En el contexto de un divorcio, cuando existe una vivienda o inmueble familiar, el juez será el encargado de atribuir a cuál de las partes se le concede el uso del inmueble en cuestión. Dicha sentencia estará determinada por una serie de factores tales como la custodia de los hijos comunes, puesto que en el supuesto de custodia exclusiva el uso del inmueble familiar estará asignado y sin limitaciones al progenitor custodio y los menores.

Por otra parte, ante una custodia compartida la asignación del uso del inmueble familiar no es tan sencilla como en el supuesto anterior, y en este caso se valorará el estado económico de los padres o progenitores.

Las legislaciones españolas no poseen una previsión específica para la asignación del uso de la vivienda o inmueble familiar en el contexto de custodia compartida. El único articulo relacionada a este tema se haya en el Código Civil, específicamente en el artículo número 96 que expresa lo siguiente:

Art. 96: “En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Cuando alguno de los hijos quede en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.”

En vista de la ausencia de un régimen o lineamiento preestablecido para esta situación, los jueces emplearon la última frase del artículo en cuestión para este tipo de casos, por lo que resuelven el dilema de a quien otorgar el uso del inmueble familiar evaluando cuál de los padres o progenitores es el más necesitado por su condición económica.

En vista del vacío legal existente para dicho problema, los jueces han tomado la iniciativa de brindar un enfoque universal ante el contexto de quien deben ser favorecido con el uso y aprovechamiento del inmueble familiar en el contexto de una custodia compartida. La uniformidad en las sentencias de los juzgados conllevó al nacimiento de un nuevo concepto judicial conocido como casas nido.

El concepto de casas nido supone una situación en la que los progenitores deberán desplazarse hacia un inmueble en el momento para cumplir con la custodia de los hijos mientras que los menores permanecen siempre en dicho hogar. Este concepto ha sido rechazado por múltiples sentencias a lo largo de los años, ya que se alega en el contexto de una custodia compartida ya no existe una única vivienda familiar, existen dos, y por ello los primogénitos deberán trasladarse de un inmueble familiar a otro dependiendo del régimen establecido de custodia compartida.

Debemos aclarar que, si la vivienda en cuestión es propiedad absoluta de un progenitor en particular, si se le atribuye al otro progenitor el uso del inmueble familiar este tendrá un periodo dos años para hacer uso de la mimas. En conclusión, en lo que respecta a la asignación del uso del inmueble familiar en custodias compartidas, los jueces siempre favorecerán a aquel cuyo interés es merecedor de protección en base al contexto económico de los progenitores.

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El ya histórico R.D Ley 463/2020 realizado el día catorce de marzo del 2020 ante la pandemia provocada por el coronavirus estableció en España el Estado de emergencia o alarma con el cual se tomarían medidas excepcionales, entre ellas restricciones a la libre circulación de las personas durante al menos quince días con la posibilidad de prorrogar los mismos.

El articulo número 7 estableció que, ante la restricción de la libre circulación para los ciudadanos en el contexto del estado de emergencia o alarma, los individuos solo podrán transitar a través de las vías públicas si van a realizar las actividades mencionadas a continuación:

• Comprar alimentos, medicamentos u otros suministros considerados de prioridad.
• Recurrir a un centro de asistencia médica o sanitaria.
• Acudir a su puesto laboral.
• Prestar asistencia a personas que requieran cuidados especiales tales como individuos con discapacidad, menores de edad, adultos mayores, etc.
• Retornar al lugar donde tiene su residencia.
• Acudir a entidades bancarias, financieras o relacionadas con las pólizas de seguros.
• Causas mayores o situaciones de emergencia.

Nos encontramos en un contexto extraordinario del cual no se poseen precedentes inmediatos para conocer cómo actuar ante dicha situación, por ello existe una gran cantidad de dudas sobre que se puede y que no se puede hacer en este estado de alarma. Principalmente muchos padres temen no poder disfrutar del régimen de visitas a sus primogénitos.

Es preciso analizar el decreto real en cuestión para conocer si la declaración del estado de emergencia o alarma suspenden las visitas a primogénitos o si estas pueden continuar vigentes. Si bien el estado de emergencia o alarma no supone la suspensión de aquellas obligaciones derivadas de una sentencia judicial, como por ejemplo el régimen para visitar a un hijo, es importante tener en cuenta que siempre debe primar los intereses del menor.

De esta forma se debe evaluar cada caso en particular y de manera específica, ya que no todos los regímenes de visitas se presentan en un mismo contexto familiar. Debe interpretarse lo establecido en el ya mencionado artículo número 7 con respecto a las excepciones para la circulación de personas, y tener en cuenta si dichas visitas resultan beneficiosas para el menor en el contexto del estado de emergencia o alarma.

De esta forma, la excepción del artículo en cuestión para el uso de la vía publica que hace referencia a circular para retornar a la vivienda o lugar de domicilio puede ser utilizada como argumento para continuar con el régimen establecido de visitas en caso de que la custodia sea compartida.

Por otra parte, otra de las excepciones mencionadas, especialmente aquella que hace referencia a utilizar la circulación de la vía pública para brindar asistencia a menores es otro de los argumentos válidos para justificar la continuidad de las visitas.

Sin embargo, no cabe duda que existirán ciertos regímenes y situaciones familiares en las cuales las visitas pueden resultar imposibles en el estado de emergencia en el que nos encontramos, por ejemplo, si los padres viven en ciudades diferentes. De igual forma puede no resultar favorable cumplir con el régimen para visitas si este supone que el menor deba utilizar medios de transporte en donde haya altas posibilidades de contagio.

Asimismo, también se debe valorar el lugar en el que se vaya a cumplir las visitas, ya que si se trata de una vivienda en donde convivas adultos mayores y población en riesgo para esta temible enfermedad, resultaría recomendable suspender las visitas hasta que ceda el estado de alarma.

En conclusión, es importante individualizar cada uno de los escenarios en los que se plantea continuar o suspender los regímenes para visitas, ya que cada caso particular es diferente y lo más relevante siempre será que prevalezca la salud y los interés del menor.

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No solo es difícil desde el punto de vista emocional afrontar la disolución de un matrimonio, también resulta complejo desde el ámbito legal y jurídico dado a la gran cantidad de tramites a realizar. Entre dichos tramites conviene hacer referencia a los relacionados con la llamada liquidación de los gananciales los cuales detallaremos en los párrafos siguientes.

Inicialmente debemos tener en cuenta que cuando se establece una relación matrimonial, también se determina implícitamente un régimen económico, el cual puede ser de tipo separación de los bienes, de participación o el más frecuentemente elegido por los matrimonios el régimen de sociedad de gananciales.

El régimen de sociedad de gananciales implica que una vez contraídas las nupcias, todo el patrimonio que genere la pareja le pertenecerá en partes iguales a ambos. De esta forma se entiende por liquidación de los gananciales cuando una vez concluida la relación matrimonial se reparten los bienes que el matrimonio haya acumulado durante la duración del mismo. No obstante, dicha liquidación también puede suscitarse sin que el matrimonio se divorcie, ya que también se realiza la repartición del patrimonio acumulado cuando la pareja modifica cambia de un régimen de gananciales a uno de separación de los bienes.

¿Cómo se liquidan los gananciales con el llamado convenio regulador?

Los más común es que dicha liquidación se efectué como parte de los establecido en el convenio regulador, sin embargo, puede hacerse tales liquidaciones incluso sin convenio. Si se hace a través del convenio, todas las consecuencias derivadas del divorcio estarán en un mismo documento. No obstante, cuando se realice la liquidación aparte del convenio, esta formara parte de un documento destinado exclusivamente a los efectos económicos de la separación.

¿Se puede establecer convenios reguladores sin liquidar los gananciales?

En el contexto de que no se actué conforme a lo estipulado en los convenios reguladores, no se podrán efectuar las liquidaciones de gananciales. El paso fundamento para que no se suscite lo anteriormente expuesto es la extinción de la denominada sociedad conyugal, considerando que ante dicha disolución es posible proceder con las tramitaciones respectivas.

En posible realizar modificaciones al convenio regulador estipulado, sin embargo, se debe recurrir a los llamados estatutos legales. En caso de que dichos cambios o generen daños a uno de los conyugues, se lograra un mutuo acuerdo y se añadirá el estatuto o la modificación al convenio a través de un documento privativo.

Repartición de los bienes

Ya habiendo establecido que se realizará la repetición de los gananciales y del patrimonio generado en el matrimonio, el próximo paso será conocer cuál es el precio que se le otorgara al patrimonio existente, principalmente el precio del inmueble familiar.

Para ello debemos analizar lo establecido en la Ley de los Impuestos Sobre la Renta, específicamente en el artículo número 33 de dicha normativa, el cual expresa lo siguiente:

ART. 33 “no se entenderá, en ningún caso, como ganancia o pérdida patrimonial la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación.”

Lo anteriormente expresado por la normativa significa que cuando se lleva a cabo la liquidación y repartición de los gananciales se adjudicara al inmueble o al bien a repartir el valor que este ostenta en su escritura para evitar que se generen pérdidas o ganancias al patrimonio.

Dicho beneficio ha de ponderarse en base a los intereses de los ex-conyugues, dado a que puede presentarse el caso en el que el inmueble a liquidar haya sufrido una revalorización relevante con el paso de los años. Es recomendable que para estos trámites se cuente con la asesoría de un experto en derecho tributario para conocer las posibles repercusiones fiscales que puede generarse en un futuro con la compraventa.

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Las relaciones en las que conviven una pareja con primogénitos menores que son solo de un único individuo de la pareja es una situación bastante común en España, y lamentablemente la legislatura se desentiende de la regulación de aquellos deberes, derechos y responsabilidades que tiene el miembro de la pareja no progenitora con los hijos menores no comunes.

Las legislaciones no han abordado dicha situación con leyes y regulaciones específicas para la situación de los hijos no comunes y los convivientes no progenitores. Tradicionalmente esta situación era poco habitual y se presentaba casi exclusivamente en el contexto de un padre o madre que había quedado viuda y rehace su vida con sus hijos con una nueva pareja. Sin embargo, en la actualidad esto es una situación mucho más frecuente dado a la gran cantidad de divorcios que se suscitan en el país.

La convivencia con otro individuo no solo es compleja por las inherentes diferencias que existen entre las personas, sino además porque dicha convivencia supone una serie de obligaciones jurídicas y legales. Cuando a dicha convivencia se le agrega el hecho de que esta nueva pareja con la que cohabitamos posee hijos menores la situación torna más complicada, no obstante, la legislatura solo se limita a regular la denominada patria potestad de estos menores de edad, cuando en realidad se están suscitando en dicha convivencia otros fenómenos y responsabilidades entre el conviviente no progenitor y los menores de edad.

Un ejemplo clásico de esta situación se presenta cuando dos personas intentan rehacer sus vidas con una convivencia en la que participa el hijo o hija de una de los individuos de la pareja sin formalizar una relación matrimonial legal. Esto es muy común, ya que posterior a los traumas emocionales y psicológicos derivados de la ruptura de un matrimonio muchas personas desean no volver casarse ni formalizar legalmente sus próximas relaciones.

Con respecto al contexto planteado anteriormente, se presenta el ejemplo de una pareja que provienen de fracasos matrimoniales estrepitosos y traumáticos por lo que juntos juraron no volver casarse, a pesar de querer convivir juntos por el resto de sus vidas. En este caso ambos tenían hijos de sus matrimonios pasados, sin embargo, solo uno de dichos hijos no comunes convivía con ellos por el asunto de la patria potestad.

En este caso, el individuo de la pareja en cuestión quería a la primogénita de su pareja como su propia hija, aunque estaba consciente de que no era su padre, sin embargo, quería ejercer con ella patria potestad. Respetando el derecho de sus hijos de su anterior matrimonio, él quería que esta niña formara parte de su testamento, por lo que legalmente se recurrió a la figura denominada “cautela socini” en la que es posible instituir un régimen de herederos de partes iguales en la que se contemplaban los hijos legítimos de él y la hija de su actual pareja.

Otro de los inconvenientes planteados es la tutoría y custodia de los hijos no comunes de una relación. En este ejemplo, ella ostentaba la llamada patria potestad de su hija legitima, por lo que legalmente si ella fallecía esta guarda correspondería a su anterior pareja, algo que quería evitar. Sin embargo, una de las opciones que se puede plantear es la elección de un tutor para los primogénitos menores en el caso de que ambos progenitores fallezcan tal y como lo establece el Código Civil en su artículo número 223 y 224:

Artículo 223.- Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.

Artículo 224.- Las disposiciones aludidas en el artículo anterior vincularán al Juez, al constituir la tutela, salvo que el beneficio del menor o incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará mediante decisión motivada.

Por otra parte, la educación y disciplina en un hogar donde convive una pareja con un hijo no común puede verse afectada por la capacidad de los niños de interpretar la situación en la que se encuentran. Efectivamente la hija de ella era consciente de que él no era su padre real, por lo que acudía siempre con su madre para obtener lo que quería.

Esto preocupaba a la pareja ya que es bien sabido que en estas circunstancias la educación y disciplina de la niña puede afectarse, por lo que legalmente nos encontramos otra vez ante una preocupante ausencia de normativas que legislen la guarda de un conviviente no progenitor ya que lo establecido en los artículos número 1362 y 68 del Código Civil solo aplican cuando las parejas con primogénitos de anteriores matrimonios contraen nuevas nupcias.

Por su parte, el articulo número 303 parece limitado con respecto a la autoridad que puede ejercer el conviviente no progenitor con respecto a actuar como guardador y a imponer ciertas medidas de control y vigilancia cuando considere estas oportunas, aunque no especifica los deberes y derechos de este con el menor. Por otro lado, el articulo número 304 valida los actos que realice el conviviente no progenitor con respecto al menor no común de la pareja si estos redundan en su utilidad. Finalmente, el articulo número 306 establece que el progenitor posee el derecho de recibir una indemnización por perjuicios y daños que padezca al ejercer la guarda, incluso si esto genera cargos al patrimonio del primogénito.

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