Recientemente la figura del autónomo falso ha dado mucho que hablar, dado a que firmas importantes del mercado han recurrido a esta modalidad de trabajador con el objetivo de emplear mano de obra económica y con una cantidad reducida derechos laborales. En el que caso de que estés siendo contratado como falso autónomo y desee denunciar esta irregularidad te recomendamos que continúes leyendo el presente artículo.

¿Qué es ser un autónomo falso?

Los autónomos falsos son los empleados que están dados adscritos al Régimen de los Trabajadores Autónomos, sin embargo, estos se encuentran prestando servicios de manera similar a lo que hace un trabajador de cuenta ajena. Esto supone que el trabajador cotizará como autónomo, pero estará a disposición de los ordenamientos dictaminados por la empresa con la que posee una relación contractual.

El autónomo falso depende económicamente de la compañía o empresa que lo contrata, no obstante, es preciso no confundir dicha figura con la de un trabajador autónomo económicamente dependiente o TRADE, la cual es una figura totalmente legal. Esta última figura supone la de un trabajador autónomo que factura cerca del setenta y cinco por ciento de sus ganancias e ingresos con un solo y único cliente.

¿Qué consecuencias trae para la empresa y el trabajador los falsos autónomos?

La empresa que mantienen una relación de autónomo falso con uno o varios de sus trabajadores está expuesta a recibir las sanciones legales establecidas para esta irregularidad. De igual forma la empresa corre el riesgo de que los trabajadores formados en la compañía bajo la condición de falso autónomo abandonen la empresa en el momento que deseen.

Ahora bien, las principales consecuencias de esta irregularidad las sufre el trabajador. El trabajador que se encuentra en situación de falso autónomo mantienen una relación contractual de tipo mercantil con la compañía, por lo que el único derecho que ostenta es cobrar por el trabajo realizado. Dicho pago puede ser además infravalorado y muy bajo comparado con las ganancias que genera otro trabajador en la misma compañía.

¿Es posible evitar este problema?

Aunque es complicado evitar ser contemplado por una empresa en particular como un falso autónomo, se pueden seguir ciertas recomendaciones para evitar este tipo de irregularidad, entre ellas la principal seria rechazar las propuestas de trabajo en las que se te ofrezca un falso contrato mercantil cuando en realidad el puesto laboral que se te ofrece requiere un contrato de tipo laboral.

En el caso de que hayas aceptado el trabajo y quieras salir del estado de autónomo falso, lo que debes hacer es reclamar este hecho a la inspectoría de trabajo. Si se acredita dicha irregularidad, es posible solicitar de antemano un acuerdo extrajudicial con la compañía para que se te ofrezca un contrato de tipo laboral. No obstante, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo se procederá con la pertinente vía judicial.

¿Cómo se denuncia el despido por falso autónomo?

Lo más habitual es que la compañía despida sin previo aviso a los trabajadores que se encuentran en situación de autónomo falso, sobre todo cuando estos comienzan a reclamar sus derechos y un contrato laboral. Ante esta situación se tienen veinte días hábiles para denunciar el despido desde el momento en que se produce el mismo a través de la conocida papelea para conciliación. En caso de no lograr un acuerdo o conciliación con la compañía se demandará a la compañía ante el respectivo juzgado. En este punto el juez determinara si el despido es procedente y en caso de no serlo se otorgarán las respectivas indemnizaciones.

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Se entiende por matrimonio aquel vinculo legal formado por dos individuos de forma voluntaria con el que se instituyen una serie de obligaciones y derechos propios de la unión matrimonial. Estas responsabilidades y derechos abarcan desde el ámbito jurídico hasta el patrimonial. En lo que respecta a este último ámbito, resulta necesario que al establecer el matrimonio se determine el régimen económico que regulara como se administrara el patrimonio de la pareja.

La determinación del régimen económico que gobernara el ámbito patrimonial del matrimonio se realiza ante un Notario estableciendo las llamadas capitulaciones matrimoniales, teniendo los cónyuges la posibilidad de elegir libremente el tipo de régimen más adecuado para sus necesidades e incluso pudiendo cambiar o modificar el mismo en caso de ser necesario.

Muchos matrimonios no establecen dichas capitulaciones, no obstante, esto no significa que dichos vínculos matrimoniales estén exentos de un régimen, ya que ante la ausencia de elección de un régimen se establece uno tipo de régimen económico predeterminado que varía dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren los conyugues. Los tipos de regímenes económicos son tres, tal y como lo establece el Código Civil. Dichos regímenes son:

• Régimen de gananciales: Este tipo de régimen establece que todo el patrimonio generado por los cónyuges durante la unión matrimonial se concebirá como comunes entre ambos. De esta manera, si se produjera la disolución del vínculo matrimonial, todo el patrimonio seria repartido a la mitad para cada cónyuge. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los bienes y ganancias de cada miembro del matrimonio se consideraran comunes, ya que, por ejemplo, aquellos beneficios y bienes que poseía uno de los integrantes de la pareja previo al matrimonio, continuaran considerándose privativos. El patrimonio común será todos aquellos gananciales generados posterior al matrimonio independientemente de cuál de los cónyuges lo genere.
• Régimen de separación de los bienes: Este es un régimen en el que se determina que todos los bienes y el patrimonio que generen los cónyuges siempre se consideraran privativos, independientemente si son producidos antes o después de que se formalice la unión matrimonial. De esta forma, cada cónyuge tiene el derecho de administrar, gozar y disponer libremente de sus propios bienes.
• Régimen de participación: En este caso, el régimen supone que a cada cónyuge se le otorga el derecho de participar en el patrimonio de su pareja mientras dure el vínculo matrimonial. Sin embargo, cada cónyuge tiene el derecho privativo de administrar, gozar y disponer de sus bienes hayan sido estos obtenidos posterior o previo al matrimonio. Dicho régimen se entiende como de tipo mixto ya que posee cualidades de los dos regímenes anteriormente descritos.

Resulta importante conocer cada uno de los tipos de regímenes económicos que ofrece la ley para las uniones matrimoniales ya que dependiendo de las características y el contexto de cada matrimonio resultara más favorable y beneficioso un tipo de régimen en particular, por ello, es recomendable hacer una adecuada e inteligente elección del régimen a establecer en las capitulaciones.

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Las relaciones en las que conviven una pareja con primogénitos menores que son solo de un único individuo de la pareja es una situación bastante común en España, y lamentablemente la legislatura se desentiende de la regulación de aquellos deberes, derechos y responsabilidades que tiene el miembro de la pareja no progenitora con los hijos menores no comunes.

Las legislaciones no han abordado dicha situación con leyes y regulaciones específicas para la situación de los hijos no comunes y los convivientes no progenitores. Tradicionalmente esta situación era poco habitual y se presentaba casi exclusivamente en el contexto de un padre o madre que había quedado viuda y rehace su vida con sus hijos con una nueva pareja. Sin embargo, en la actualidad esto es una situación mucho más frecuente dado a la gran cantidad de divorcios que se suscitan en el país.

La convivencia con otro individuo no solo es compleja por las inherentes diferencias que existen entre las personas, sino además porque dicha convivencia supone una serie de obligaciones jurídicas y legales. Cuando a dicha convivencia se le agrega el hecho de que esta nueva pareja con la que cohabitamos posee hijos menores la situación torna más complicada, no obstante, la legislatura solo se limita a regular la denominada patria potestad de estos menores de edad, cuando en realidad se están suscitando en dicha convivencia otros fenómenos y responsabilidades entre el conviviente no progenitor y los menores de edad.

Un ejemplo clásico de esta situación se presenta cuando dos personas intentan rehacer sus vidas con una convivencia en la que participa el hijo o hija de una de los individuos de la pareja sin formalizar una relación matrimonial legal. Esto es muy común, ya que posterior a los traumas emocionales y psicológicos derivados de la ruptura de un matrimonio muchas personas desean no volver casarse ni formalizar legalmente sus próximas relaciones.

Con respecto al contexto planteado anteriormente, se presenta el ejemplo de una pareja que provienen de fracasos matrimoniales estrepitosos y traumáticos por lo que juntos juraron no volver casarse, a pesar de querer convivir juntos por el resto de sus vidas. En este caso ambos tenían hijos de sus matrimonios pasados, sin embargo, solo uno de dichos hijos no comunes convivía con ellos por el asunto de la patria potestad.

En este caso, el individuo de la pareja en cuestión quería a la primogénita de su pareja como su propia hija, aunque estaba consciente de que no era su padre, sin embargo, quería ejercer con ella patria potestad. Respetando el derecho de sus hijos de su anterior matrimonio, él quería que esta niña formara parte de su testamento, por lo que legalmente se recurrió a la figura denominada “cautela socini” en la que es posible instituir un régimen de herederos de partes iguales en la que se contemplaban los hijos legítimos de él y la hija de su actual pareja.

Otro de los inconvenientes planteados es la tutoría y custodia de los hijos no comunes de una relación. En este ejemplo, ella ostentaba la llamada patria potestad de su hija legitima, por lo que legalmente si ella fallecía esta guarda correspondería a su anterior pareja, algo que quería evitar. Sin embargo, una de las opciones que se puede plantear es la elección de un tutor para los primogénitos menores en el caso de que ambos progenitores fallezcan tal y como lo establece el Código Civil en su artículo número 223 y 224:

Artículo 223.- Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.

Artículo 224.- Las disposiciones aludidas en el artículo anterior vincularán al Juez, al constituir la tutela, salvo que el beneficio del menor o incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará mediante decisión motivada.

Por otra parte, la educación y disciplina en un hogar donde convive una pareja con un hijo no común puede verse afectada por la capacidad de los niños de interpretar la situación en la que se encuentran. Efectivamente la hija de ella era consciente de que él no era su padre real, por lo que acudía siempre con su madre para obtener lo que quería.

Esto preocupaba a la pareja ya que es bien sabido que en estas circunstancias la educación y disciplina de la niña puede afectarse, por lo que legalmente nos encontramos otra vez ante una preocupante ausencia de normativas que legislen la guarda de un conviviente no progenitor ya que lo establecido en los artículos número 1362 y 68 del Código Civil solo aplican cuando las parejas con primogénitos de anteriores matrimonios contraen nuevas nupcias.

Por su parte, el articulo número 303 parece limitado con respecto a la autoridad que puede ejercer el conviviente no progenitor con respecto a actuar como guardador y a imponer ciertas medidas de control y vigilancia cuando considere estas oportunas, aunque no especifica los deberes y derechos de este con el menor. Por otro lado, el articulo número 304 valida los actos que realice el conviviente no progenitor con respecto al menor no común de la pareja si estos redundan en su utilidad. Finalmente, el articulo número 306 establece que el progenitor posee el derecho de recibir una indemnización por perjuicios y daños que padezca al ejercer la guarda, incluso si esto genera cargos al patrimonio del primogénito.

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Estamos transitando una época en la que el matrimonio no se considera una prioridad para los jóvenes, quienes prefieren no formalizar la relación con sus parejas, este creciente desapego a la cultura del matrimonio ha conllevado que la ley cree figuras semejantes a este tales como la pareja de hecho.

El matrimonio implica la posibilidad de divorcio, y lamentablemente esto ha conllevado a que se genere en las jóvenes parejas un temor por la consideración social de que esto representa un fracaso moral. Ante las muchas desventajas y problemas que se han difundido sobre el matrimonio, han quedado relegados los beneficios y las ventajas legales que generan las uniones nacionales, por ello a continuación repasaremos las ventajas más importantes que se obtienen al formalizar un vínculo matrimonial.

1. Pensión por viudedad:

Si uno de los integrantes de la relación matrimonial fallece y este género pensión por viudedad por su estado fiscal, el superviviente tiene derecho a reclamar dicha pensión en el contexto en que tengan más de un año casados, o que posean hijos comunes independientemente del tiempo que poseía el vinculo nupcial.

2. Declaración de impuestos:

Una de las excelentes ventajas que posee el matrimonio a nivel fiscal está relacionada con el IRPF, también conocido como el impuesto de la renta. En este caso se brinda la posibilidad de realizar una declaración en conjunta de dicho impuesto cuando uno de los integrantes de la pareja no genera ingresos, sin embargo, es necesario aclarar que esto será estudiado por un especialista en tributaciones.

3. Herencia:

El Código Civil contempla a los conyugues en la elección de los favorecidos por una herencia. El porcentaje de herencia que le corresponde al conyugue varía dependiendo de la existencia de otras figuras que también poseen derechos sobre la herencia, tales como los descendientes y ascendientes del fallecido.

Si el fallecido posee hijos, el conyugue estaría beneficiada por un tercio de la herencia dado a que el resto estará destinada a primogénitos y se destinara a mejoras. De igual forma, si los hijos no son comunes, el conyugue puede optar por exigir que su parte de la herencia sea entregada por una cantidad de bienes contemplados en la herencia o por dinero. De igual forma, ciertas comunidades autónomas tienen excepciones fiscales especiales para conyugues viudos.

4. Sociedad de tipo gananciales:

Una de las características fundamentales de la unión matrimonial, a diferencia de otras figuras, es que una vez establecido el matrimonio y en caso de no pactarse otro tipo de régimen en las capitulaciones, se instituirá un régimen de tipo ganancial desde el momento en que se inicia el matrimonio, por lo que todos los bienes y ganancias generadas pertenecerán por igual a ambas partes del matrimonio.

5. Permiso por matrimonio:

Una de las cosas que muy pocas personas saben es que el Estatuto de Trabajadores, en el artículo número 37.3, establece que los trabajadores tienen derecho a quince días destinados a vacaciones luego de haber contraído nupcias, por ello, luego de casarse puedes solicitar este corto periodo vacacional.

6. Nacionalidad:

Uno de los beneficios más conocidos del matrimonio es el relacionado con la nacionalidad. En España se puede solicitar la nacionalidad de nuestro país con altas probabilidades de obtenerla si se contraen nupcias con un ciudadano español. En este sentido se exige que al menos exista 1 año conviviendo juntos en unión matrimonial para poder solicitar la nacionalidad.

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Sin lugar a dudas la adquisición de un inmueble es una de las operaciones económicas más relevantes que podemos hacer en nuestra vida. No obstante, al momento de comprar una vivienda es necesario no solo tener en cuenta el coste neto del inmueble sino también los gravámenes e impuestos que deben liquidarse, uno de ellos es el conocido Impuesto de Transmisión Patrimonial o ITP del cual haremos referencia en el presente texto.

¿Que son los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP)?

Inicialmente debemos saber que es el ITP, y este no es más que un impuesto establecido por cada Comunidad Autónoma que grava todas las transmisiones de patrimonios o derechos que se realicen entre individuos donde se salde un precio establecido. Específicamente este impuesto grava las transmisiones onerosas, el otorgamiento de la escritura de hipoteca o compraventa y la formación de sociedades.

¿Quién paga dichos impuestos?

Este impuesto debe ser pagado por quien esté llevando a cabo la adquisición del patrimonio, es decir, la persona que este comprando un piso, un vehículo, una vivienda, etc. Por otro lado, cuando e trata de la constitución de reales derechos, el ITP deberá ser pagado por quien se beneficiará de dichos derechos.

Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de notarios y entidades bancarias no llevan a cabo la liquidación automática del ITP, por lo que resulta conveniente consultar si se realizara esta operación.

¿Cuál es el coste del ITP?

Antes de conocer el precio del ITP, se debe tener en cuenta que dicho impuesto no tiene una cuantía determinada, sino que se establece al imponer un porcentaje a la llamada base imponible. La denominada base imponible no es más que el valor del bien que se transmitirá en la operación. Este valor debe ser el coste real del bien y dicho valor es determinado por la Hacienda, por lo que conviene consultar a dicho organismo o solicitar el mismo a través de una valoración por escrito.

El porcentaje por su parte es variable ya que lo establecen las Comunidades Autónomas, por ello varía dependiendo de la provincia en la que se realice la transmisión del bien. Entre los ejemplos que podemos citar se encuentra el ITP de Madrid el cual es del 6%, Castilla de 6-9%, Cataluña del 10% y del 11% cuando el valor real excede el millón. Por su parte, si la comunidad no estableciera dicho porcentaje, se utilizarán los porcentajes de 6% para la trasmisión de muebles, inmuebles y la cesión y constitución de los llamados derechos reales, y del 1% para la constitución de los derechos de garantía, prestamos, fianzas y pensiones.

¿Cuándo se debe pagar?

Se ha establecido un periodo o plazo en el que se deben pagar los impuestos por trasmisiones patrimoniales, siendo este de treinta días hábiles desde el momento en que el lleve a cabo la celebración del contrato. De no cumplirse con dicho plazo el comprador se expone a recibir sanciones tributarias y recargos.

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Muchas veces son distintos e inevitables los motivos por los que tú como empresario, te verías en la necesidad de dar de baja o cerrar tu sociedad comercial. Lo que es realmente perjudicial en dicho accionar, es no haber prestado atención a las deudas de la misma, pues después tus acreedores pueden apelar a tus bienes personales de manera legal, como forma de pago, lo que te acarrearía problemas y bajas económicas severas.

Por lo general, la forma más concorde de llevar a todos al mejor término posible, sería con un concurso de acreedores en caso de que no cuentes con los fondos suficientes para cancelarlo todo por ti mismo, algo que te explicaremos a detalle sobre a continuación

¿Cómo podrías dar de baja tu endeudada sociedad comercial?

Previo a tomar la decisión de darla de baja, hay opciones que podrías considerar con las que quizás podrías mantener a flote tu empresa tales como organizar un plan de viabilidad donde analizar con lujo tus solvencias al día, liquidez, deudas acumuladas y fondos de emergencia con los cuales podrías maniobrar en caso de disponerlos.

Una vez conformado el plan y estudiado a fondo la situación, deberías visualizar mejor si exista solución para la empresa, aunque puede ocurrir que la solución momentánea a la larga solo prolongue la situación crítica, por lo que al final si nada resulta no tendrás otra opción que liquidarla lo más pronto posible.

El problema principal a la hora de darle finiquito a tu empresa es como persona o ente jurídico, debes demostrar las cuentas bancarias de la misma en cero al Registro mercantil, de lo contrario tu sociedad seguirá viva comercial y legalmente aunque tengas pérdidas y deudas ¡Atento a eso!

Procedimientos para finiquitar tu sociedad con deudas insolventes

A continuación te indicaremos los procedimientos más recomendables a la hora de dar de baja tu sociedad:

Liquidación dirigida

Esta es la solución más lógica y sencilla con la que podrías contar, solo consta de hacer cuenta de tus impagos por los importes realizados, y una vez vaciada tus cuentas a 0, procedes con la disolución de la empresa. Este procedimiento no conlleva intervención legal pues tú mismo eres el que ha podido cancelar las deudas pendientes y demostrar que te quedaste sin capital para seguir manteniendo tu sociedad.

Por supuesto, el elemento más importante para llevar a cabo tu liquidación dirigida es el que cuentes con los fondos suficientes para ello, algo que no suele ser la regla común, pues poniéndote a pensar, si tuvieras el dinero para solventar tus deudas, no te verías en la necesidad de finiquitar tu empresa por no poder cancelarlas. Por supuesto, un préstamo personal pactado con un familiar también puede serte un salvavidas.

El concurso de acreedores solicitado de forma voluntaria

En esta opción ya es inevitable la intervención jurídica, pero es un buen paso para culminar con la vida de la empresa de la forma más justa para todas las partes. Como procedimiento legal, tienes la posibilidad de acordar un preconcurso, con el cual puedes negociar los términos previamente con tus acreedores antes de proceder con el concurso voluntario.

Esta fase de preacuerdos(o de inicio del procedimiento judicial) suele ser complicada por las negociaciones, pero si tienes éxito en las mismas, puedes conseguir reducción de la deuda inclusive y también reducir los gastos judiciales. Lo más recomendable en ambas fases es que dispongas de un buen abogado en la materia.

En caso de no resultar el preconcurso, no habrá más opción que solicitar el concurso de acreedores voluntario, el cual suele ser más demorado por la sencilla razón de estar los tribunales implicados. Sin embargo, este procedimiento jurídico es el que está diseñado para salvar o dirigir a buen término la liquidación e insolvencias de una empresa (y más si es tu única opción viable).

Fases y tiempos de un concurso de acreedores

Fase previa: los procedimientos para tramitar tu solicitud ante el juez, hasta la respuesta de admisión al concurso.

Fase común: momento consecutivo a la admisión del concurso, aquí se declara el mismo tras corroborar la documentación necesaria y es nombre el administrador concursal, quien se ocupará de estipular y determinar  las masas activa y pasiva de la empresa y de la categorización de los créditos existentes, lo que se correspondería al respectivo informe concursal

Fase de convenio: en este tiempo es cuando podrás tratar de negociar una quita a la deuda de tu empresa, la cual no puede sobrepasar al 50% del total y el tiempo transcurrido en negociaciones no debe exceder de los 5 años.

Fase de calificación: es el momento resolutivo del concurso, donde se evalúa todo el procedimiento y se da por finiquitado

Ante todas las opciones y procedimientos expuestos, te reiteramos no pasar por alto nunca las deudas ni la asesoría de un abogado en la materia para poder proceder de modo conveniente en caso de que necesites dar por finiquitada tu empresa o sociedad comercial.

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Uno de los más grandes quebraderos de cabeza que se te pueden presentar, incluso antes de un posible divorcio, es quién de los 2 cónyuges se va a quedar con el coche, así como decidir a quién le correspondería pagar el seguro o incluso quien tiene derecho a usar la plaza del estacionamiento.

En este artículo te explicaremos cuales son las posibilidades y procedimientos a seguir a la hora de vender el coche ganancial producto de un divorcio generado entre tú y tu cónyuge y los efectos a realizar en caso de no haber podido llegar a un consenso mutuo.

¿Quién dispondría del coche tras el divorcio?

Una vez rota la relación el coche bien puede volverse propiedad de uno de los dos cónyuges (el acuerdo ideal a llegar), de ambos conjuntamente por acuerdo jurídico (algo problemático) o convertirse en un bien ganancial. En ausencia del algún acuerdo posible, pueden aplicarse los siguientes procedimientos.

• Coche ganancial

Como bien lo indica su nombre, cuando el carro es un bien adquirido por la pareja para el uso familiar y se cae en divorcio, será cuestión de acordar quién de los dos se hace con la propiedad total del vehículo en la liquidación del mismo. Si el divorcio es con acuerdo, ambas partes pueden convenir entre sí, quién puede hacerse con el coche sin problemas.

Por el contrario, si en el divorcio no se llega a ningún acuerdo, las partes tendrán que dar inicio a otro proceso cuyo propósito exclusivo sea el de liquidar los bienes comunes. Este procedimiento es sin duda más costoso además de prolongado, debido a que puede extenderse por años.

• Vehículo en copropiedad

Si el carro pertenece a la pareja pero fue adquirido antes del matrimonio (y por tanto no valdría como bien ganancial) te correspondería a ti y tu ex acordar quién de los dos se quedaría con el coche y a cambio, la parte renunciante reciba el pago respectivo para ceder su derecho de propiedad

Sin embargo, en el más que posible escenario de falta de acuerdo, cualquiera de las dos partes puede recurrir a un juez y demandar la división del bien común, para que éste sea vendido y el dinero quede repartido en dos mitades. Con ello se pondría finiquito a la disputa por la propiedad común, aunque un contra para acudir a esta medida es que el coche podría ser vendido muy por debajo del precio esperado.

Ahora, seguramente te preguntarás, ¿quién de los dos puede usar el vehículo en tanto  no hay reparto de bienes?

Todo trámite de divorcio conlleva en mayor o menor medida de tiempo, uno que mientras pasa, debes seguir con las tareas y ocupaciones diarias en las que tanto tu como tu ex requerirán de vehículo mientras no se ha llegado a puerto de qué hacer con él. Aquí la solución se decanta por quién de los dos es el propietario:

• Si es propiedad de uno de los esposos

En caso de que el coche haya sido comprado por una sola de las dos partes, incluso antes del matrimonio, el uso del mismo será atribuido al titular en correspondencia.

• Coche ganancial

A diferencia del caso previo, si el vehículo es un bien común adquirido en el matrimonio, ambas partes deberán llegar a acuerdo común de quién podrá usar el coche mientras no se concrete la liquidación de bienes. Dicho acuerdo debe estar registrado como convenio regulador en el que se debe velar por los detalles más minuciosos de quién le corresponde el uso y quién correrá con los gastos del mismo.

En caso de no llegar a un acuerdo, es decir, un divorcio contencioso, será un juez el encargado de sentenciar cuál de las dos partes le corresponda el uso del coche tomando en cuenta las circunstancias e intereses de la familia. Algunas de las decisiones a las que podría llegar el juez serían:

1. Delegar el uso a una de las dos partes, con frecuencia, aquella que tiene en custodia a los hijos o se encarga de ellos con regularidad. En caso de ser custodia compartida, el juez valorará la circunstancias y criterios de distancia entre el hogar, el trabajo, la escuela o posible disponibilidad de otro coche para decidir.
2. Constituir un uso compartido en periodos de tiempo, así ambos cónyuges tendrían derecho de uso del vehículo en función de tiempo y necesidades, pero puede ser más problemática de lo esperado por la comunicación entre ambas partes.

Aquí te volverás a preguntar, ¿qué es lo que podría valorar el juez a la hora de sentenciar el uso del vehículo familiar por divorcio?

De acuerdo a las circunstancias particulares que cada familia y caso pueden presentar, te señalaremos a continuación las principales posibilidades sobre las que el juez valoraría tu caso antes de tomar una decisión, a continuación:

¿Quién es el propietario del coche?

Ya se te ha expuesto que el juez valorará quién de los dos es el propietario del coche y si este es un bien común, decidirá en función de las circunstancias y necesidades de cada parte a quien le corresponda.

¿Alguno de los cónyuges dispone de otro vehículo? De ser así, la designación del coche en disputa irá a la parte desventajada que carece de vehículo o moto con la que desplazarse.

¿Quién está en custodia de los niños?

Pregunta que suele decantar la balanza al representante que esté en custodia de los mismos.

¿Quién requiere más y para qué el coche?

Aquí es la valoración de juez para ver cuál de las dos partes presenta mayor necesidad  de requerir el coche dependiendo de las circunstancias personales de cada parte, tales como las posibilidades económicas o condiciones especiales de discapacidad.

Ahora, te dejamos con un par de preguntas frecuentes que valen aclararte.

¿El coche puede ser atribuido al cónyuge que no es titular en el registro de Tráfico?

Si, uso y titularidad no son los mismos, y muchas veces lo segundo en favor a lo primero, de acuerdo a los acuerdos llegados en el tribunal. Pero toma en cuenta que las multas e impuestos de circulación serán cobradas es al titular del coche, por lo que para evitar problemas, recuerda cambiar la titularidad a quien queda delegado el uso del coche.

Entre tanto el vehículo no es vendido, ¿quién puede usarlo?

En caso de ser vehículo ganancial o común y mientras no exista atribución judicial, ambos esposos tienen el mismo derecho de uso. Por lo que, si tu ex se ha apropiado del mismo para uso exclusivo, puedes reclamarle ante la ley una indemnización por la privación del vehículo en el momento que se concrete la liquidación del bien ganancial.

Cambio de titularidad del automóvil por divorcio

Como ya se te indicó en las preguntas previas, una vez con el veredicto de a quien se le adjudica el coche tras el divorcio, lo mejor que debes hacer es ir a la jefatura de tráfico más próxima, para proceder con el cambio de titularidad del coche en los registros de tráfico si es requerido para ahorrarte futuros problemas, pues tanto los impuestos como las multas seguirán cayendo en cuenta del titular así este ya no disponga del vehículo.

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Si te preguntas qué es una escritura de proindiviso, estas en el post indicado. El proindiviso es una expresión utilizada en el mundo jurídico que indica que la propiedad de cualquier bien la ostentan varios titulares, lo que quiere decir que una persona ostenta el derecho parcial de una propiedad. También se puede hablar de comunidad de bienes o de copropiedad. En cualquier caso todos son regímenes legales en los que los titulares de un bien no lo son de manera plena, siendo la cuota de cada uno de los cotitulares algo abstracto.

El proindiviso se genera normalmente después de un divorcio, aunque también en temas de herencias. En el divorcio se crea el proindiviso del hogar familiar que puede devenir por la compra de la casa en régimen de separación de bienes, pero adquiriéndola a medias. O también por la compra una vez el matrimonio se formaliza en una sociedad de gananciales. Hablando de herencias, una vivienda familiar también crea un proindiviso cuando los herederos aceptan la herencia sin llevar a cabo su división.

En proindiviso suele traer problemas cuando el objeto o bien del mismo resulta ser indivisible, siendo necesarias fórmulas jurídicas para acabar con el mismo. Por ejemplo, si hablamos de una finca en la que hay 300 hectáreas y 2 herederos, la división es clara y no va a afectar a la naturaleza de este bien. Pero si hablamos de un piso y dos herederos, no parece demasiado viable la división de este bien. Pero la extinción de este proindiviso se puede formalizar de manera jurídica tanto con el acuerdo de las dos partes como sin él.

Para ello se puede llegar a la extinción de dos maneras. Una es de manera voluntaria formalizándose en escritura pública en la que uno de los titulares se hace con la propiedad total del bien compensando al resto con una cantidad de dinero pactada previamente.

También se puede llevar a cabo la extinción sin la voluntad de las partes por medio de un procedimiento judicial. Para ello uno de los titulares deberá comenzar un proceso judicial para extinguir el proindiviso dependiendo del origen del  mismo. Así podrá ser un procedimiento de extinción del condominio si hablamos de separaciones, un procedimiento de división judicial de una herencia o un procedimiento de división del bien común.

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Ante la inactividad de la Administración o ante sus disposiciones generales, existen diferentes tipos de recursos administrativos que permiten ejercer a ciudadanos, organizaciones y empresas sus derechos legítimos frente a dicha Administración. Es una de las formas en que nuestro ordenamiento garantiza los derechos de las personas físicas o jurídicas ante la actuación o ante la propia inactividad de las distintas Administraciones Públicas.

Si tales actuaciones de la Administración pueden ser lesivas para los ciudadanos el recurso contencioso-administrativo lo puede interponer la propia Administración (de oficio) para modificar o anular sus propios actos. Las consultar sobre dichos recursos son los más habituales del derecho administrativo en nuestro despacho de abogados en Madrid.

Recurso contencioso-administrativo. Regulación.

La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa regula de manera detallada el proceso judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa que se ha de seguir en el recurso contencioso-administrativo contra las disposiciones generales de las distintas Administraciones Públicas y contra las actuaciones de las mismas.

Lo primero es saber que para dicho recurso existen dos procedimientos posibles, el procedimiento abreviado o el procedimiento ordinario según el objeto del recurso contencioso-administrativo en cuestión. En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, se puede interponer el recurso ante distintos Juzgados o tribunales según las competencias:

• En la Audiencia Nacional: La Sala de lo Contencioso-Administrativo y los demás Juzgados que sean competentes en temas contencioso-administrativos.
• Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativos con competencia en todo el territorio nacional.
• En los Tribunales Superiores: Las salas contencioso-administrativas de los mismos.
• En el Tribunal Supremo: La Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Recurso contencioso-administrativo. Trámites previos.

Según el acto que pretendemos recurrir, tenemos que utilizar un recurso contencioso-administrativo distinto. Si nuestra pretensión en revisar un acto administrativo con el que no estamos de acuerdo y tal acto pone fin a la vía administrativa, se interpone recurso de alzada ante el órgano que está por encima del que dictó el acto que queremos recurrir. Aunque es posible el llamado recurso de reposición ante quien dictó dicho acto, previo al de alzada.

Procedimiento ordinario

Vamos a explicar paso a pasos dicho procedimiento:

• Escrito de escrito de interposición del recurso.
• Solicitud a la Administración del expediente que se recurre, que siempre ha de ser entregado al recurrente. Dicha solicitud ha de hacerse entre la presentación del escrito de interposición y el de la propia demanda, ya que generalmente en cuanto se tiene en su poder se presenta:
• Escrito de demanda, salvo que se trate de una cuestión litigiosa entre distintas Administraciones.

Los plazos en que ha de tramitarse el recurso vienen regulados en la propia Ley de manera concreta y realmente detallada, son pocos los supuestos en que dicho articulado no establece plazo o criterio para determinarlo. Los plazos son distintos según los órganos competentes y las actuaciones de las partes:

• Interponer recurso contra actuación en vía de hecho: 10 días desde que se pide a la Administración que cese en tal actuación. Si no hay dicho requerimiento de cese, son 20 días para interponer tal recurso.
• Subsanar fallos en el escrito de interposición del recurso: 10 días.
• Subsanar errores en los escritos de demanda y/o contestación de demanda: 10 días.
• Remitir el expediente administrativo al Secretario judicial: 10 días para la Administración.
• Convocar a los interesados y que se puedan presentar como demandados en el recurso: 9 días.
• Contestar a la demanda: 20 días.
• Tras dicha contestación, hacer alegaciones previas: 5 días.
• Realizar las pruebas: 30 días.
• Hacer alegaciones de una prueba realizada: 10 días desde que se practicó la misma.
• Desde que se declara concluso el juicio, dictar sentencia: 10 días.

El procedimiento no acaba siempre con una sentencia:

• Puede tratarse simplemente del allanamiento del demandado o demandados.
• Si desiste el recurrente, también se finaliza el proceso sin necesidad de sentencia.
• La Administración da la razón al recurrente, reconociendo sus pretensiones.
• Cabe acuerdo entre las partes, aunque es una opción poco habitual, ya que la Administración no tiene esa posibilidad en muchos de los casos.

Procedimiento abreviado

El recurso contencioso-administrativo se realiza por el procedimiento abreviado  en casos de personal de la Administración, asilo y extranjería, si la cuantía es menor de 30.000 € y en algunos asuntos deportivos.

Vamos a ver en qué consiste dicho procedimiento:

• Comienza con la demanda.
• El recurrente hace su exposición, manifestando sus peticiones y exponiendo sus argumentos.
• El demandado aportará las alegaciones que estime convenientes.
• Cabe en este procedimiento un período para realizar pruebas.

La Ley también determina en este caso de manera igualmente detallada los plazos de a cumplir en cada trámite:

• Remisión del expediente por parte de la Administración: 15 días antes de la fecha de la vista.
• Celebración de vista: No tiene plazo fijo, se remite a la disponibilidad de las partes y de los órganos judiciales en cuestión.
• Sin práctica de prueba y sin vista (a expresa solicitud del recurrente): 20 días tienen los demandados para contestar desde que recibieron dicha solicitud.
• Solicitud de celebración de vista por parte de los demandados: 10 días desde que se abre el plazo para la contestación a la demanda.
• Tras la celebración de la vista, dictar sentencia: 10 días desde la misma.

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Definición de silencio administrativo

El silencio administrativo es sencillamente un modo de proteger a los particulares ante cualquier caso de ineficiencia de algún ente de la administración pública. Sí, es una figura jurídica que ya tiene bastantes años aplicándose en nuestro país, aproximadamente desde 1958. Esta figura actualmente sigue siendo objeto de extensos debates entre juristas y por supuesto, tiene lugar en muchos pronunciamientos judiciales, Si lo precisa, abogados madrid les ofrecen mas informacion.

Al silencio administrativo se le ha puesto el nombre de “ficción jurídica” por ser una forma de protección a los ciudadanos que tuvo que ser creada ante los constantes casos de incumplimiento en los diferentes entes de la administración pública. Se hizo necesario crear una forma de arbitrar la interacción entre particulares y administraciones públicas y así asegurar una dinámica sana para ambas partes.

Con esta figura jurídica los ciudadanos tienen la opción de defenderse ante el mutismo de organismos ineficientes. Sin embargo, el silencio administrativo ha cambiado considerablemente a tal punto que valora las causas de la ineficiencia de los entes públicos; por eso existe una clasificación positiva y otra negativa.

Esta clasificación se determina siempre en base a las leyes vigentes, siendo negativa una respuesta que implique un “no” por parte del ente administrativo y positivo cuando no hay una norma de rango de ley que estime que exista este “no” por parte del ente administrativo. Entender estos aspectos es menester de todos porque no sólo los juristas deben lidiar con los entes de la administración pública.

Antecedentes del silencio administrativo

Para conocer los antecedentes es necesario saber que todo comienza desde un procedimiento administrativo que evalúa la actuación de las Administraciones Públicas a través de un acto administrativo concreto. Hay dos maneras de iniciar el proceso administrativo: De oficio o a solicitud del interesado. El primero es iniciado por el mismo ente administrativo y el segundo es solicitado por un ciudadano y es, de hecho, la manera de la que nos interesa tratar en este apartado.

Procedimiento a solicitud del interesado

El particular debe presentar una solicitud ante la instancia correspondiente y allí se abrirá el procedimiento ante el cual el ente administrativo debe dar resolución en un plazo de 3 meses por lo general. Sin embargo, si la norma reguladora del procedimiento lo considera necesario este plazo puede extenderse hasta 6 meses.

Por otra parte cabe resaltar que la ley 39/2015 de fecha 1 de octubre, obliga a los entes administrativos a publicar en sus portales web los procedimientos en cuestión. En estas publicaciones se deben especificar los plazos máximos para resolver y el sentido del silencio. Igualmente se debe enviar esta información al interesado en un plazo menor a 10 días para que ambas partes puedan cumplir el procedimiento correctamente.

¿Pero qué sucede si el ente administrativo no nos da respuesta en este plazo de tiempo? Sencillamente operará el silencio administrativo que puede ser positivo o negativo. Así que es muy importante que como particulares estemos enterados desde un principio acerca del tiempo en que el ente administrativo debe dar respuesta a nuestra solicitud.

El silencio administrativo negativo

Como hemos mencionado anteriormente un silencio administrativo es considerado negativo cuando un ente administrativo desestima nuestra pretensión; es decir, da un “no” como respuesta a nuestra solicitud. En este caso tenemos dos opciones: La primera es esperar porque la Administración a pesar de la negativa aún está obligada a resolver y en caso de que lo haga, esa resolución no tiene vínculo con el sentido desestimatorio del silencio y puede contradecirlo para convertirse en una resolución estimatoria o positiva.

Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común hay varios casos en que un silencio administrativo debe ser interpretado como negativo cuando:

• En los procesos relacionados con el ejercicio del derecho de petición contemplados en el artículo 29 de la constitución.
• En procesos donde se le transfieren al solicitante o a terceros facultades relacionadas con el dominio público o con el servicio público.
• Cuando las actividades puedan perjudicar al medio ambiente.
• En procedimiento de responsabilidad patrimonial de los entes administrativos.
• En procedimientos de impugnación de actos y revisión de oficio que se inició luego de la solicitud de los interesados. Con la excepción de que el órgano competente no haya dictado o resolución expresa en el plazo establecido de 3 meses, sin embargo puede darse el caso de que suceda uno de los casos antes señalados (se llamaría la excepción de la excepción de la excepción).

El silencio administrativo positivo

Esta clasificación del silencio administrativo responde a la inexistencia de una norma con rango de ley que determine el silencio administrativo como negativo. La palabra “positivo” sencillamente remarca el hecho de que como la Administración no ha sido diligente al no resolver y notificar en el plazo establecido, este silencio se convierte en un acto positivo para las pretensiones del solicitante sin importar cuales sean.

Esta figura jurídica es resultado de la evolución de la legislación de silencio administrativo desde que inició en 1958 hasta nuestros días, a tal punto que el silencio administrativo positivo se ha vuelto regla general en la actualidad. Es por eso que estos cambios nos han dejado varias cosas que agregar al silencio administrativo positivo:

• La resolución posterior de la Administración, en caso de silencio administrativo positivo, sólo puede ser confirmatoria porque al ser favorable a nuestras pretensiones está obligada a resolver.
• No importa si nuestra solicitud es contraria a Derecho, el silencio administrativo positivo no puede ampararse bajo ninguna justificación para dictar un acto negativo.
• En caso de que la Administración considere este recurso ilegal o perjudicial para los intereses públicos, la solución no es desestimar ni dejar de ejecutar porque esta actuación del ente público siempre será recurrida y un hipotético recurso contencioso administrativo no sería discutido, en el peor de los casos ante cualquier duda por argumentos determinantes del ente público sólo se iniciaría la correspondiente revisión de oficio.

La revisión de oficio

La revisión de oficio es sencillamente el recurso al que realizan las instancias competentes en caso de alguna duda en el arbitraje del procedimiento de silencio administrativo, este procedimiento es frecuente en los casos de silencio administrativo negativo y poco probable en los casos de silencio administrativo positivo. La revisión de oficio existe de dos maneras; en sentido estricto y como declaración de lesividad.

Bien debe entenderse que una revisión de oficio en sentido estricto es la que toma en cuenta la norma para los actos nulos de pleno derecho; es decir, aplica las normas necesarias para evitar la nulidad del silencio administrativo. Por el contrario la revisión de oficio de declaración de lesividad es la norma utilizada en caso de que se trate de actos anulables.

En estos casos de lesividad, la Administración declara acto lesivo para el interés público luego de transcurridos 4 años y al ser impugnado será el orden jurisdiccional contencioso administrativo quien  decida si es contrario al ordenamiento o no lo es.

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