Un contrato de compraventa puede considerarse nulo en varias situaciones, según las leyes y regulaciones específicas de cada jurisdicción. Aquí hay algunas circunstancias comunes en las que un contrato de compraventa se puede anular o invalidar un contrato:

1. Falta de capacidad legal: Si una de las partes firmantes del contrato no tiene la capacidad legal para celebrar un contrato, como un menor de edad o una persona con discapacidad mental sin representación legal adecuada, el contrato podría considerarse nulo.
2. Error, fraude o dolo: Si una de las partes fue engañada o coaccionada para firmar el contrato, o si se cometió un error significativo en los términos del contrato que afecta la esencia del acuerdo, el contrato podría ser anulado por un tribunal.
3. Contrato ilegal o contrario al orden público: Si el objeto del contrato es ilegal o si los términos del contrato violan leyes o regulaciones vigentes, el contrato podría ser declarado nulo.
4. Falta de consentimiento: Si una de las partes firmantes del contrato no dio su consentimiento de manera libre y voluntaria, el contrato podría ser considerado nulo. Esto podría incluir situaciones en las que una parte estuvo bajo coacción o amenaza al firmar el contrato.
5. Vicios del consentimiento: Esto incluye situaciones como el error, la fuerza o el miedo que afectan la voluntad de las partes al celebrar el contrato.
6. Incumplimiento de requisitos legales: Si el contrato no cumple con ciertos requisitos legales, como la falta de testigos o la ausencia de firma de alguna de las partes en contratos que lo requieran, el contrato podría ser considerado nulo.

Es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones varían según la jurisdicción y que la determinación de la nulidad de un contrato depende de las circunstancias específicas de cada caso. Si existe alguna duda sobre la validez de un contrato de compraventa, es recomendable consultar con un abogado especializado en derecho contractual o inmobiliario.

¿Cuando un contrato carece de validez?

Un contrato carece de validez cuando no cumple con los requisitos legales necesarios para su formación o cuando está afectado por alguna irregularidad que lo hace inválido según la ley. Aquí hay algunas situaciones en las que un contrato puede carecer de validez:

1. Falta de consentimiento válido: El consentimiento de ambas partes debe ser libre, voluntario y sin vicios como el error, el fraude, la coacción o la intimidación. Si una de las partes no consiente de manera válida, el contrato puede carecer de validez.
2. Falta de capacidad legal: Las partes que firman el contrato deben tener la capacidad legal para hacerlo. Por ejemplo, los menores de edad no emancipados o las personas con discapacidad mental pueden carecer de la capacidad legal para celebrar contratos en ciertas circunstancias.
3. Objeto ilícito: Si el objeto del contrato es ilegal o contrario al orden público, el contrato carecerá de validez. Por ejemplo, un contrato para cometer un acto ilegal o inmoral no será válido.
4. Falta de forma: Algunos contratos deben cumplir con ciertas formalidades legales, como ser por escrito o estar firmados por las partes. Si un contrato no cumple con los requisitos de forma exigidos por la ley, puede carecer de validez.
5. Violación de normativas legales: Si un contrato viola disposiciones legales específicas, como leyes de protección al consumidor o leyes de competencia desleal, puede ser considerado inválido.
6. Imposibilidad de cumplimiento: Si el cumplimiento del contrato se vuelve imposible debido a circunstancias imprevistas o eventos de fuerza mayor, el contrato puede carecer de validez.

En estas situaciones, el contrato puede ser considerado nulo o anulable, lo que significa que no produce efectos legales o puede ser rescindido por una de las partes afectadas. Es importante tener en cuenta que la validez de un contrato puede variar según las leyes y regulaciones de cada jurisdicción, así como las circunstancias específicas del caso. Siempre es recomendable buscar asesoramiento legal para determinar la validez de un contrato en particular.

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El incumplimiento en una compraventa de inmueble se refiere a la falta de cumplimiento por parte de una de las partes de los términos y condiciones acordados en el contrato de compra-venta. Este incumplimiento puede ocurrir por diversas razones, como el retraso en la entrega del inmueble, el no pago del precio acordado, defectos en la propiedad que no se revelaron previamente, entre otros.

Cuando se produce un incumplimiento en una compraventa de inmueble, las partes involucradas pueden recurrir a diferentes acciones legales dependiendo de la gravedad del incumplimiento y las leyes aplicables en la jurisdicción correspondiente. Algunas de las acciones legales que pueden tomar incluyen la rescisión del contrato, demandas por daños y perjuicios, o la ejecución específica del contrato, que puede implicar obligar a la parte incumplidora a cumplir con los términos del acuerdo.

Es importante consultar con un abogado especializado en derecho inmobiliario para evaluar las opciones disponibles y determinar la mejor forma de proceder en caso de incumplimiento en una compraventa de inmueble.

¿Qué pasa si el vendedor no respeta el contrato de compraventa?

Si el vendedor no respeta el contrato de compraventa, se considera un incumplimiento por su parte. En esta situación, el comprador generalmente tiene varios recursos legales disponibles, dependiendo de las leyes y regulaciones específicas del lugar donde se realizó la transacción. Algunas acciones que el comprador podría tomar incluyen:

1. Rescisión del contrato: El comprador puede optar por rescindir el contrato y solicitar la devolución de cualquier dinero pagado como parte del acuerdo. En algunos casos, el contrato de compraventa puede incluir disposiciones específicas sobre cómo se manejará la rescisión y qué sucede con los pagos realizados.
2. Demanda por daños y perjuicios: El comprador puede demandar al vendedor por los daños y perjuicios sufridos como resultado del incumplimiento. Esto podría incluir gastos adicionales incurridos, pérdida de oportunidades o cualquier otro daño financiero directo causado por el incumplimiento del vendedor.
3. Ejecución específica del contrato: En ciertas circunstancias, el comprador puede buscar una orden judicial para obligar al vendedor a cumplir con los términos del contrato de compraventa. Esto significa que el vendedor podría ser obligado legalmente a transferir la propiedad al comprador según lo acordado en el contrato original.
4. Negociación de una solución: En algunos casos, las partes pueden optar por negociar una solución fuera del tribunal. Esto podría implicar la renegociación de los términos del contrato, la compensación por el incumplimiento o cualquier otra solución que ambas partes consideren aceptable.

Es fundamental revisar detenidamente el contrato de compraventa y consultar con un abogado especializado en derecho inmobiliario para comprender completamente los derechos y opciones disponibles en caso de que el vendedor no respete el contrato. Cada situación puede ser única y requerir un enfoque específico.

¿Qué pasa si el comprador no respeta el contrato de compraventa?

Si es el comprador quien no respeta el contrato de compraventa, también se considera un incumplimiento contractual. En este caso, el vendedor tiene varias opciones legales disponibles, dependiendo de las leyes y regulaciones vigentes en la jurisdicción correspondiente. Algunas acciones que el vendedor podría tomar incluyen:

1. Rescisión del contrato: El vendedor puede optar por rescindir el contrato y retener cualquier pago realizado por el comprador como compensación por el incumplimiento. Esto generalmente se rige por las cláusulas de rescisión del contrato.
2. Demanda por daños y perjuicios: El vendedor puede demandar al comprador por los daños y perjuicios sufridos como resultado del incumplimiento. Estos daños podrían incluir pérdidas financieras, como gastos legales, pagos perdidos u otros gastos relacionados con el incumplimiento.
3. Retención del depósito: Si se incluyó un depósito como parte del contrato de compraventa, el vendedor puede retener este depósito como compensación por el incumplimiento del comprador. Las leyes y regulaciones locales pueden establecer cómo se manejará este depósito en caso de incumplimiento.
4. Ejecución específica del contrato: En algunos casos, el vendedor puede buscar una orden judicial para obligar al comprador a cumplir con los términos del contrato de compraventa. Esto podría incluir exigir al comprador que complete la compra según lo acordado en el contrato original.

Al igual que en el caso del comprador, es importante que el vendedor revise detenidamente el contrato de compraventa y consulte con un abogado especializado en derecho inmobiliario para comprender completamente los derechos y opciones disponibles en caso de que el comprador no respete el contrato. Cada situación puede ser única y requerir un enfoque específico.

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La responsabilidad de arreglar una persiana rota en un piso de alquiler generalmente recae en el propietario o arrendador. En la mayoría de los casos, las reparaciones y el mantenimiento de las características estructurales y sistemas del hogar son responsabilidad del propietario, mientras que el inquilino es responsable del mantenimiento diario y de informar cualquier problema al propietario o administrador de la propiedad.

Sin embargo, las leyes y regulaciones específicas pueden variar según el país o la jurisdicción, por lo que siempre es recomendable revisar el contrato de arrendamiento y consultar las leyes locales para obtener información precisa sobre quién es responsable de qué tipo de reparaciones.

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¿Quién paga el arreglo de una persiana en un piso de alquiler?

Si el inquilino acaba de llegar al piso y no ha tenido tiempo de estropear la persiana por el uso, el arrendador deberá pagar el arreglo. Si las persianas son muy antiguas, seguro que la persiana se rompe con más facilidad, por lo que será también el arrendador el que corra con los gastos.

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Los tejados son más que simples cubiertas; son la primera línea de defensa de un edificio contra los elementos. En una comunidad de vecinos, las responsabilidades relativas a los tejados son cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes. Desde su mantenimiento hasta su reparación, estas responsabilidades deben ser claramente definidas y cumplidas por todos los miembros de la comunidad.

En primer lugar, es fundamental establecer quién es responsable de la supervisión y el mantenimiento regular del tejado. Normalmente, esta responsabilidad recae en la junta de propietarios o en un administrador designado. Este organismo debe asegurarse de que el tejado se inspeccione periódicamente para detectar cualquier daño o desgaste, y tomar las medidas necesarias para su reparación o reemplazo cuando sea necesario.

Además, es importante que todos los propietarios comprendan su papel en el cuidado del tejado. Esto puede incluir mantener despejadas las canaletas y los desagües para evitar obstrucciones que puedan causar daños por acumulación de agua. También es crucial informar a la junta de cualquier problema o preocupación relacionada con el tejado lo antes posible, para que se puedan tomar medidas correctivas de manera oportuna.

En caso de que se requieran reparaciones mayores o un reemplazo completo del tejado, es responsabilidad de la junta de propietarios o del administrador coordinar y financiar estas obras. Esto puede implicar la contratación de profesionales cualificados y la obtención de los permisos necesarios de las autoridades locales.

Además de las responsabilidades de mantenimiento y reparación, la seguridad del tejado también debe ser una prioridad. Se deben tomar precauciones para prevenir accidentes, como restringir el acceso al tejado a personal autorizado solamente y asegurarse de que se cumplan todas las normativas de seguridad pertinentes.

En resumen, las responsabilidades relativas a los tejados en una comunidad de vecinos son de vital importancia para garantizar la integridad estructural del edificio y la seguridad de sus residentes. Al establecer claramente estas responsabilidades y cumplirlas de manera diligente, se puede proteger adecuadamente esta parte fundamental de la propiedad común.

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Recientemente la figura del autónomo falso ha dado mucho que hablar, dado a que firmas importantes del mercado han recurrido a esta modalidad de trabajador con el objetivo de emplear mano de obra económica y con una cantidad reducida derechos laborales. En el que caso de que estés siendo contratado como falso autónomo y desee denunciar esta irregularidad te recomendamos que continúes leyendo el presente artículo.

¿Qué es ser un autónomo falso?

Los autónomos falsos son los empleados que están dados adscritos al Régimen de los Trabajadores Autónomos, sin embargo, estos se encuentran prestando servicios de manera similar a lo que hace un trabajador de cuenta ajena. Esto supone que el trabajador cotizará como autónomo, pero estará a disposición de los ordenamientos dictaminados por la empresa con la que posee una relación contractual.

El autónomo falso depende económicamente de la compañía o empresa que lo contrata, no obstante, es preciso no confundir dicha figura con la de un trabajador autónomo económicamente dependiente o TRADE, la cual es una figura totalmente legal. Esta última figura supone la de un trabajador autónomo que factura cerca del setenta y cinco por ciento de sus ganancias e ingresos con un solo y único cliente.

¿Qué consecuencias trae para la empresa y el trabajador los falsos autónomos?

La empresa que mantienen una relación de autónomo falso con uno o varios de sus trabajadores está expuesta a recibir las sanciones legales establecidas para esta irregularidad. De igual forma la empresa corre el riesgo de que los trabajadores formados en la compañía bajo la condición de falso autónomo abandonen la empresa en el momento que deseen.

Ahora bien, las principales consecuencias de esta irregularidad las sufre el trabajador. El trabajador que se encuentra en situación de falso autónomo mantienen una relación contractual de tipo mercantil con la compañía, por lo que el único derecho que ostenta es cobrar por el trabajo realizado. Dicho pago puede ser además infravalorado y muy bajo comparado con las ganancias que genera otro trabajador en la misma compañía.

¿Es posible evitar este problema?

Aunque es complicado evitar ser contemplado por una empresa en particular como un falso autónomo, se pueden seguir ciertas recomendaciones para evitar este tipo de irregularidad, entre ellas la principal seria rechazar las propuestas de trabajo en las que se te ofrezca un falso contrato mercantil cuando en realidad el puesto laboral que se te ofrece requiere un contrato de tipo laboral.

En el caso de que hayas aceptado el trabajo y quieras salir del estado de autónomo falso, lo que debes hacer es reclamar este hecho a la inspectoría de trabajo. Si se acredita dicha irregularidad, es posible solicitar de antemano un acuerdo extrajudicial con la compañía para que se te ofrezca un contrato de tipo laboral. No obstante, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo se procederá con la pertinente vía judicial.

¿Cómo se denuncia el despido por falso autónomo?

Lo más habitual es que la compañía despida sin previo aviso a los trabajadores que se encuentran en situación de autónomo falso, sobre todo cuando estos comienzan a reclamar sus derechos y un contrato laboral. Ante esta situación se tienen veinte días hábiles para denunciar el despido desde el momento en que se produce el mismo a través de la conocida papelea para conciliación. En caso de no lograr un acuerdo o conciliación con la compañía se demandará a la compañía ante el respectivo juzgado. En este punto el juez determinara si el despido es procedente y en caso de no serlo se otorgarán las respectivas indemnizaciones.

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Con el establecimiento del Real Decreto 7/2019 se han determinado de manera urgente nuevas medidas relacionadas con el arrendamiento de inmuebles, en la cuales figuran nuevas políticas de cuánto debe durar el alquiler, condiciones para incrementar las rentas, entre otros tipos de modificaciones que deben ser tenidas en cuenta por todas aquellas personas que posee un inmueble en alquiler y que detallaremos a continuación.

¿Cuánto deben durar los arrendamientos?

Se ha reafirmado con estas nuevas medidas que la duración que tendrá un alquiler ha de ser pactada de forma libre por las partes, no obstante, se debe tener en cuenta que, si dicho periodo es menor a 5 años, tendrá la posibilidad de prorrogarse un año hasta que se alcance el límite de 5 años, excepto cuando el arrendador preavise su deseo de no otorgar dicha prorroga o renovación con una antelación de 30 días previos a que finalice el contrato.

¿Hay cambios en la regulación para la venta de un inmueble alquilado?

Se debe tener en cuenta que la persona que adquiere un inmueble arrendado adquiere además las obligaciones y derechos del antiguo arrendador por un periodo mínimo de 5 años de alquiler o 7 si es una persona jurídica. De igual forma conviene citar lo expresado en la conocida Ley Hipotecaria en su artículo numero 34 donde se expresa que los individuos menores, discapacitados, en contexto de vulnerabilidad y mayores de sesenta y cinco años no pueden renunciar a tal derecho.

De esta forma, cunado no aplica el articulo anteriormente descrito, el comprador de un inmueble arrendado tiene la obligación de supeditarse a la durante del contrato pactada. Sin embargo, si aplica la normativa en cuestión el comprador del inmueble debe consentir el arrendamiento hasta que se cumplan un periodo mínimo de 5 a 7 años. En tales casos el enajenante tiene que indemnizar al inquilino con la suma de 1 mensualidad por año de contrato. De igual forma, si el arrendatario falleciera y el contrato de arrendamiento es superior a 5 o 7 años, se puede pactar de que no se suscite subrogación.

¿Se debe actualizar el contrato de alquiler y la renta?

Independientemente de la duración del contrato, solo se podrá llevar a cabo la actualización de la renta cuando se cumpla cada año de la relación contractual. Incluso, si se pacta antes de firmar el contrato, puede añadirse una clausula en la que no se conciban actualizaciones o incrementos de la renta. Para realizar actualizaciones se debe tener en el llamado Índice para Garantías de Competitividad, teniendo en cuenta que el aumento no puede superar la diferencia porcentual que registre este índice.

¿Puedo incrementar la renta por obras de mejoras en el inmueble?

Luego de haber trascurrido 5 o 7 años, las obras que realice el arrendador para mejorar las condiciones del inmueble otorgan la posibilidad de incrementar la renta, teniendo en cuenta que han de descontarse las llamadas subvenciones públicas. Para este incremento es necesario que se notifique al inquilino con un mes de anticipación luego de concluidas las obras. Es necesario que se posea detallado el cálculo de los costes y gastos que supuso las obras para mejoras del piso o inmueble.

¿Qué fianza se debe depositar al alquilar un local comercial o una vivienda?

Finalmente, en lo que respecta a las fianzas, estas legalmente equivalen a 1 mensualidad del alquiler del inmueble, o incluso 2 si se le dará al inmueble un uso diferente. No puede actualizarse la fianza en los primeros 5 o 7 años del contrato de arrendamiento, sin embargo, cuando se soliciten prorrogas para alargar la duración del contrato si podrá incrementarse la fianza.

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Las personas que se encuentran realizando todos los trámites y gestiones que implica aceptar una herencia o efectuar la donación de un inmueble a un familiar o primogénito, deben conocer que los conocidos gravámenes por sucesión o donación no son los únicos impuestos existentes, puesto que a dichos impuestos que se encuentran relacionados a los modelos 651 y 650 debe añadírsele el famoso impuesto de la plusvalía municipal, y si aún no sabes que este gravamen te invitamos a que continúes leyendo los siguientes párrafos.

La plusvalía municipal es un impuesto que deriva del aumento del valor de un bien inmobiliario por la naturaleza urbana local en los recientes veinte años. Este gravamen ha sido conocido históricamente como el impuesto trampa, ya que al desconocer el mismo suele parecer atractivo la tramitación de una herencia teniendo en cuenta solo el pago de impuestos por sucesiones, sin embargo, cuando los herederos descubren dicho impuesto se torna complicado el tema de los impuestos y tramites.

¿Quién debe pagar la plusvalía de la herencia?

El heredero de los bienes inmobiliarios es el encargado de asumir el pago de la plusvalía municipal. De igual forma, el heredero ha de tener en cuenta una de las consideraciones que atribuye la ley a la venta del inmueble, ya que en caso de que se realice dicha transacción el heredero está obligado a pagar 2 veces la plusvalía municipal.

En el caso de co-herederos o co-titulares, se debe tener en cuenta que la liquidación del impuesto en cuestión puede ser realizado por la cantidad total de transmisión, por un individuo o por herencia.

¿Cuándo se debe pagar la plusvalía?

En el contexto de transmisión de bienes inmobiliarios por herencia, las leyes han determinado un plazo de 6 meses para que se pague la plusvalía pudiendo dicho periodo ser prorrogable en caso de necesitar un plazo mayor. La fecha en la que comienza dicho plazo es el momento en que se produzca la transmisión del inmueble, por ende, será desde el preciso momento en que se produzca el fallecimiento y la aceptación de los bienes heredados.

Este plazo para pagar la plusvalía se tiene en cuenta no solo para las liquidaciones de impuestos sino también para las autoliquidaciones. Debe considerarse actualmente el mes agosto como un periodo de tiempo hábil para realizar las liquidaciones, siendo dicho mes computable a efectos de pago de gravámenes.

¿Se puede solicitar una prórroga para el pago de la plusvalía?

Como ya se mencionó, las personas que heredan inmuebles tienen un plazo establecido de 6 meses para efectuar el pago correspondiente a plusvalía municipal, sin embargo, se puede solicitar una prórroga para dicho pago. Para ello debe recurrirse al órgano establecido por el Ayuntamiento para la liquidación de impuestos.

Esta solicitud se puede ejecutar a través del internet utilizando el formulario diseñado por el órgano anteriormente descrito. No obstante, también puede ser solicitad ala prorroga de forma presencial. Independientemente de la forma en que la se haga la solicitud es imperativo contar con el documento de identificación del bien inmobiliario, DNI y el documento que certifica la muerte del testador. La prorrogar a obtener puede ser de uno a dos años, incluso en casos excepcionales se han logrado prorrogas de hasta cinco años.

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Se entiende por matrimonio aquel vinculo legal formado por dos individuos de forma voluntaria con el que se instituyen una serie de obligaciones y derechos propios de la unión matrimonial. Estas responsabilidades y derechos abarcan desde el ámbito jurídico hasta el patrimonial. En lo que respecta a este último ámbito, resulta necesario que al establecer el matrimonio se determine el régimen económico que regulara como se administrara el patrimonio de la pareja.

La determinación del régimen económico que gobernara el ámbito patrimonial del matrimonio se realiza ante un Notario estableciendo las llamadas capitulaciones matrimoniales, teniendo los cónyuges la posibilidad de elegir libremente el tipo de régimen más adecuado para sus necesidades e incluso pudiendo cambiar o modificar el mismo en caso de ser necesario.

Muchos matrimonios no establecen dichas capitulaciones, no obstante, esto no significa que dichos vínculos matrimoniales estén exentos de un régimen, ya que ante la ausencia de elección de un régimen se establece uno tipo de régimen económico predeterminado que varía dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren los conyugues. Los tipos de regímenes económicos son tres, tal y como lo establece el Código Civil. Dichos regímenes son:

• Régimen de gananciales: Este tipo de régimen establece que todo el patrimonio generado por los cónyuges durante la unión matrimonial se concebirá como comunes entre ambos. De esta manera, si se produjera la disolución del vínculo matrimonial, todo el patrimonio seria repartido a la mitad para cada cónyuge. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los bienes y ganancias de cada miembro del matrimonio se consideraran comunes, ya que, por ejemplo, aquellos beneficios y bienes que poseía uno de los integrantes de la pareja previo al matrimonio, continuaran considerándose privativos. El patrimonio común será todos aquellos gananciales generados posterior al matrimonio independientemente de cuál de los cónyuges lo genere.
• Régimen de separación de los bienes: Este es un régimen en el que se determina que todos los bienes y el patrimonio que generen los cónyuges siempre se consideraran privativos, independientemente si son producidos antes o después de que se formalice la unión matrimonial. De esta forma, cada cónyuge tiene el derecho de administrar, gozar y disponer libremente de sus propios bienes.
• Régimen de participación: En este caso, el régimen supone que a cada cónyuge se le otorga el derecho de participar en el patrimonio de su pareja mientras dure el vínculo matrimonial. Sin embargo, cada cónyuge tiene el derecho privativo de administrar, gozar y disponer de sus bienes hayan sido estos obtenidos posterior o previo al matrimonio. Dicho régimen se entiende como de tipo mixto ya que posee cualidades de los dos regímenes anteriormente descritos.

Resulta importante conocer cada uno de los tipos de regímenes económicos que ofrece la ley para las uniones matrimoniales ya que dependiendo de las características y el contexto de cada matrimonio resultara más favorable y beneficioso un tipo de régimen en particular, por ello, es recomendable hacer una adecuada e inteligente elección del régimen a establecer en las capitulaciones.

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En el contexto de un divorcio, cuando existe una vivienda o inmueble familiar, el juez será el encargado de atribuir a cuál de las partes se le concede el uso del inmueble en cuestión. Dicha sentencia estará determinada por una serie de factores tales como la custodia de los hijos comunes, puesto que en el supuesto de custodia exclusiva el uso del inmueble familiar estará asignado y sin limitaciones al progenitor custodio y los menores.

Por otra parte, ante una custodia compartida la asignación del uso del inmueble familiar no es tan sencilla como en el supuesto anterior, y en este caso se valorará el estado económico de los padres o progenitores.

Las legislaciones españolas no poseen una previsión específica para la asignación del uso de la vivienda o inmueble familiar en el contexto de custodia compartida. El único articulo relacionada a este tema se haya en el Código Civil, específicamente en el artículo número 96 que expresa lo siguiente:

Art. 96: “En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Cuando alguno de los hijos quede en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.”

En vista de la ausencia de un régimen o lineamiento preestablecido para esta situación, los jueces emplearon la última frase del artículo en cuestión para este tipo de casos, por lo que resuelven el dilema de a quien otorgar el uso del inmueble familiar evaluando cuál de los padres o progenitores es el más necesitado por su condición económica.

En vista del vacío legal existente para dicho problema, los jueces han tomado la iniciativa de brindar un enfoque universal ante el contexto de quien deben ser favorecido con el uso y aprovechamiento del inmueble familiar en el contexto de una custodia compartida. La uniformidad en las sentencias de los juzgados conllevó al nacimiento de un nuevo concepto judicial conocido como casas nido.

El concepto de casas nido supone una situación en la que los progenitores deberán desplazarse hacia un inmueble en el momento para cumplir con la custodia de los hijos mientras que los menores permanecen siempre en dicho hogar. Este concepto ha sido rechazado por múltiples sentencias a lo largo de los años, ya que se alega en el contexto de una custodia compartida ya no existe una única vivienda familiar, existen dos, y por ello los primogénitos deberán trasladarse de un inmueble familiar a otro dependiendo del régimen establecido de custodia compartida.

Debemos aclarar que, si la vivienda en cuestión es propiedad absoluta de un progenitor en particular, si se le atribuye al otro progenitor el uso del inmueble familiar este tendrá un periodo dos años para hacer uso de la mimas. En conclusión, en lo que respecta a la asignación del uso del inmueble familiar en custodias compartidas, los jueces siempre favorecerán a aquel cuyo interés es merecedor de protección en base al contexto económico de los progenitores.

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El ya histórico R.D Ley 463/2020 realizado el día catorce de marzo del 2020 ante la pandemia provocada por el coronavirus estableció en España el Estado de emergencia o alarma con el cual se tomarían medidas excepcionales, entre ellas restricciones a la libre circulación de las personas durante al menos quince días con la posibilidad de prorrogar los mismos.

El articulo número 7 estableció que, ante la restricción de la libre circulación para los ciudadanos en el contexto del estado de emergencia o alarma, los individuos solo podrán transitar a través de las vías públicas si van a realizar las actividades mencionadas a continuación:

• Comprar alimentos, medicamentos u otros suministros considerados de prioridad.
• Recurrir a un centro de asistencia médica o sanitaria.
• Acudir a su puesto laboral.
• Prestar asistencia a personas que requieran cuidados especiales tales como individuos con discapacidad, menores de edad, adultos mayores, etc.
• Retornar al lugar donde tiene su residencia.
• Acudir a entidades bancarias, financieras o relacionadas con las pólizas de seguros.
• Causas mayores o situaciones de emergencia.

Nos encontramos en un contexto extraordinario del cual no se poseen precedentes inmediatos para conocer cómo actuar ante dicha situación, por ello existe una gran cantidad de dudas sobre que se puede y que no se puede hacer en este estado de alarma. Principalmente muchos padres temen no poder disfrutar del régimen de visitas a sus primogénitos.

Es preciso analizar el decreto real en cuestión para conocer si la declaración del estado de emergencia o alarma suspenden las visitas a primogénitos o si estas pueden continuar vigentes. Si bien el estado de emergencia o alarma no supone la suspensión de aquellas obligaciones derivadas de una sentencia judicial, como por ejemplo el régimen para visitar a un hijo, es importante tener en cuenta que siempre debe primar los intereses del menor.

De esta forma se debe evaluar cada caso en particular y de manera específica, ya que no todos los regímenes de visitas se presentan en un mismo contexto familiar. Debe interpretarse lo establecido en el ya mencionado artículo número 7 con respecto a las excepciones para la circulación de personas, y tener en cuenta si dichas visitas resultan beneficiosas para el menor en el contexto del estado de emergencia o alarma.

De esta forma, la excepción del artículo en cuestión para el uso de la vía publica que hace referencia a circular para retornar a la vivienda o lugar de domicilio puede ser utilizada como argumento para continuar con el régimen establecido de visitas en caso de que la custodia sea compartida.

Por otra parte, otra de las excepciones mencionadas, especialmente aquella que hace referencia a utilizar la circulación de la vía pública para brindar asistencia a menores es otro de los argumentos válidos para justificar la continuidad de las visitas.

Sin embargo, no cabe duda que existirán ciertos regímenes y situaciones familiares en las cuales las visitas pueden resultar imposibles en el estado de emergencia en el que nos encontramos, por ejemplo, si los padres viven en ciudades diferentes. De igual forma puede no resultar favorable cumplir con el régimen para visitas si este supone que el menor deba utilizar medios de transporte en donde haya altas posibilidades de contagio.

Asimismo, también se debe valorar el lugar en el que se vaya a cumplir las visitas, ya que si se trata de una vivienda en donde convivas adultos mayores y población en riesgo para esta temible enfermedad, resultaría recomendable suspender las visitas hasta que ceda el estado de alarma.

En conclusión, es importante individualizar cada uno de los escenarios en los que se plantea continuar o suspender los regímenes para visitas, ya que cada caso particular es diferente y lo más relevante siempre será que prevalezca la salud y los interés del menor.

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