¿Estás preocupado por que la empresa para la que trabajas entró en concurso de acreedores y no sabes cuando la misma pueda cancelar la deuda que tiene contigo? Aquí sabrás con más exactitud cuánto tiempo se tarda en resolver un concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa.

Lo que primero debes conocer es que existen dos modalidades por las que tu empresa pudo haber ingresado al concurso: la voluntaria (solicitada por el propio deudor) y la necesaria (solicitada por los acreedores del deudor). De acuerdo al juzgado en el que recaiga el caso, este puede durar desde los 6 meses a los 4 años, pero lo más frecuente es entre 6 meses y un año.

¿Cuánto tiempo se tarda en resolver un concurso de acreedores? Te preguntarás

El primer paso es el de la presentación de la documentación respectiva al juzgado para que sea reconocido el estado de insolvencia habitualmente requeriría de un mes, por supuesto, la variable es lo abultado que se encuentre el juzgado al que se le presenta la demanda, por lo que en algunos casos puede llegar a demorarse hasta 3 meses, pero descuida, es algo muy poco frecuente.

Debes saber que la regulación del concurso de acreedores aplica igual tanto para personas naturales como para empresas sujetas a un sistema mercantil, por lo que no hay mayores complicaciones y diferencias entre uno u otro caso.

El mecanismo de ley de segunda oportunidad

¿Qué crees que sea este mecanismo? Es uno sustentado en una ley del mismo nombre elaborada para las familias cuyas deudas son sobre excedidas (sea por efecto de la crisis económica en Madrid o merma de control en la renta personal) y con ello se ven imposibilitadas de mantener el balance de pagos antes sostenida.

Este nuevo mecanismo significa un nuevo chance de pagos para créditos agraviados, sosteniéndose de los activos disponibles (ingresos, patrimonio, etc…) y lo que no sea posible de solventarse queda exonerado a la familia endeudada.

Este mecanismo es aconsejable para familias con deudas ordinarias y mixtas ocasionadas por tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, etc…pero no es muy recomendable en casos exclusivo de hipotecas, pues el mecanismo prioriza el pago de dichas deudas por lo que todo el ingreso sería destinado a éste.

Paralización de deudas e intereses

Otra de las funciones y ventajas dentro del concurso de acreedores además de la mencionada en párrafos previos, es la paralización de cualquier proceso de embargamiento o similares que se hubieran iniciado previamente. La paralización incluye a los intereses que las deudas pudieran devengar, por lo que las mismas no aumentan iniciado el concurso.

A su vez, la administración concursal proveerá a los concursantes de pensiones alimenticias en base a sus ingresos, con la finalidad de que puedan paliar sus gastos básicos de alimentación, recibos, escolaridad, etc… todo esto supervisado periódicamente por supuesto, con la creación de una cuenta intervenida y fiscalizada por dicha administración.

Seguramente te preguntarás, ¿qué ocurre con el resto de ingresos restantes de la familia concursada? El mismo será destinado a la caja de ahorro de pago anual del concurso. Por supuesto esto no dura para siempre, llegará un momento en que aprobado el convenio de la junta de acreedores, la administración concursal desaparecerá y las familias volverán a gestionar sus finanzas.

Lo más aconsejable que podrás proporcionarles a la familia encargada de la empresa para la que trabajas en estas situaciones, es que siempre consulten a abogados expertos y especialistas en el área que puedan avalar la factibilidad de cualquiera de las solicitudes, sustentándose siempre en el respectivo estudio socioeconómico de la empresa.

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España adopto recientemente, a mediados del año 2015, una ley que muchos otros países europeos y norteamericanos ya habían asumido para ayudar a los autónomos y particulares a afrontar deudas impagables. Dicha ley es la llamada Ley de Segunda Oportunidad que equivale a los conocidos procedimientos concursales que realizan las empresas que se encuentra en bancarrota o insolvencia, pero merece la pena acogerse ley de segunda oportunidad

Entró en vigencia el veintiocho de julio del año anteriormente mencionado bajo la regulación Ley 25/2015 y tiene como objetivo ofrecerles la posibilidad a particulares de negociar el pago de pasivos insatisfechos con sus acreedores ya sea a través de un acuerdo extrajudicial o, si no pudiera concretarse, solicitar la exoneración de los pasivos o la deuda.

¿Qué puedes lograr al acogerte a esta ley?

Los beneficios ofrecidos por la ley son dos en específico, el primero de ellos la posibilidad de negociar un plan de pagos para saldar la deuda a través del denominado acuerdo extrajudicial, y el segundo beneficio que se emplea cuando no se logró concretar un acuerdo es la exoneración o anulación de la deuda.

¿A quiénes acoge la Ley de Segunda Oportunidad?

Esta ley fue esencialmente diseñada para brindarle a los particulares la posibilidad de iniciar nuevamente desde cero para incentivar a los pequeños empresarios, por lo que la misma está dirigida principalmente para autónomos y particulares.

Requisitos necesarios para acogerse a esta ley

La única forma en la que un ciudadano puede optar a ser acogido por la Ley de Segunda Oportunidad es cumpliendo con los 3 requisitos fundamentales:

1. No poseer patrimonio suficiente para saldar o afrontar la deuda.
2. Que los pasivos insatisfechos o deuda no superen los 5.000.000 de euros.
3. Ser considerado un deudor de buena fe.

¿Cómo ser un deudor de buena fe?

Solo se considerará que el deudor es de buena fe cuando el mismo logre cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber intentado concretar el acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.
• No ser declarado culpable durante la celebración del concurso con los acreedores. Para ello es necesario solicitar el inicio del concurso con dos meses luego de haber detectado la situación de bancarrota.
• No haber sido acogido por el beneficio de esta ley en los diez años previos.
• No haber incurrido en delitos contra la seguridad social, Hacienda Pública, orden socio-económico, patrimonio o sus empleados.
• No haber desestimado ofertas de trabajo o empleo acordes a sus capacidades.

¿Cómo puedo acogerme a la Ley de Segunda Oportunidad?

El primer procedimiento que se debe intentar para ser acogido por la Ley de Segunda Oportunidad es el llamado acuerdo extrajudicial con el o los acreedores.

¿Qué es un acuerdo extrajudicial de pagos?

Este acuerdo extrajudicial de pagos consiste en una propuesta que el deudor junto a un mediador de tipo concursal elabora para plantearle a los acreedores un plan de pagos que permita saldar la deuda añadiendo además compensaciones que el deudor ofrecerá a sus acreedores para lograr esta negociación como la liquidación de bienes no indispensable para su actividad.

¿Y si no consigo el acuerdo?

La negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos puede extenderse hasta dos meses. Si no se negociar un acuerdo se activara el beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad a través de un concurso consecutivo que tiene el objetivo de determinar ante un juzgado si el deudor opta por la exoneración total de la deuda.

¿Cuáles deudas pueden ser exoneradas?

La deuda que anula o cancela la Ley de Segunda Oportunidad son todas aquellas que se contrajeron antes de comenzar este proceso legal. Los pasivos insatisfechos con administraciones públicas como la Hacienda solo podrán ser canceladas un máximo del 70% de la totalidad de la misma.

¿La Ley de Segunda Oportunidad cube las hipotecas?

La Ley de Segunda Oportunidad establece un sistema de cesión en pago especialmente diseñado para la ejecución de las hipotecas, puesto que garantiza que si es subastada una vivienda para el cobro del préstamo el concurso exonerara la totalidad de la deuda con el dinero recibido de la liquidación del inmueble.

¿La exoneración es definitiva o puede ser revocada?

Cuando se logra el beneficio de la exoneración de los pasivos insatisfechos el deudor queda sometido a un periodo de vigilancia de cinco años, durante el cual, si los acreedores objetan que el deudor a cometido fraude o mala fe y esto se comprueba ante el juzgado la exoneración puede ser anulada, de lo contrario, pasado los cinco años la anulación de la deuda pasa a ser definitiva e irrevocable.

¿Qué profesionales pueden facilitarme el proceso de acogida a la Ley de Segunda Oportunidad?

Es conveniente disponer de la asesoría de un profesional de la abogacía o un bufete de abogados para están totalmente preparados y cumplir con los requisitos que te permitan acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad, de igual forma, es importante destacar que otros profesionales son imprescindibles para este proceso como lo son los mediadores, notarios, etc.

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Quienes se encuentren optando por ser acogidos por la Ley de Segunda Oportunidad deben conocer que es el concurso consecutivo, ya que este representa la fase final de dicho procedimiento legal. Dicho concurso entra en vigencia cuando no ha sido posible concretar un acuerdo extrajudicial, por lo que está relacionado con la solicitud del beneficio de cancelación o exoneración de la deuda, por ello, en los siguientes párrafos te explicaremos que denota y supone el concurso consecutivo.

Concurso consecutivo

En primera instancia, debemos saber que la Ley de Segunda Oportunidad cuenta con dos etapas o fases determinadas:

• La primera fase que estará coordinada por el mediador en la que se intenta concretar un AEP o Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
• La Segunda fase en la que ha fracasado el intento de acordar un AEP y se presentan dos posibilidades con el concurso consecutivo. Una de las posibilidades es establecer un plan detallado de pagos con un periodo de hasta cinco años de duración, o la consecución de la exoneración o anulación de los pasivos insatisfechos.

De esta manera, se define como concurso consecutivo a la segunda etapa del procedimiento de acogida de la ley en cuestión que se suscita en un juzgado concursal y que tiene como objetivo el logro del beneficio de exoneración. No obstante, es preciso detallar que en ciertas circunstancias es posible solicitar este beneficio incluso antes de gestionar el acuerdo extrajudicial.

Gestionar el concurso consecutivo

La Ley 14/2013 fue el primer ordenamiento en donde se concibió el concurso consecutivo, sin embargo, este se actualizo posteriormente en RD 1/2015 y finalmente fue adjudicado a la Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015).

La Ley de Segunda Oportunidad supone un proceso destinado a los autónomos, particulares y personas naturales que les permite afrontar los pasivos o deudas de hasta 5.000.000 de euros. El ente que se encarga de promover dicho concurso es el llamado mediador concursal y este llevara a cabo el concurso cuando se cumplan los siguientes criterios:

• Cuando no se logre las mayorías requeridas para aceptar AEP por parte de los acreedores o que los mismos abandonen tempranamente la negociación del acuerdo.
• Cuando se logre un acuerdo con el o los acreedores en el que se demande la liquidación total del patrimonio del adeudado, al no poder cumplirse con la responsabilidad de pago.

Cuando el mediador determine la apertura del concurso consecutivo este se ocupará de todas las funciones administrativas concursales, lo que supone que el mismo se encargara de tramitar las liquidaciones correspondientes o la elaboración de la propuesta de convenio anticipado en donde deberá pronunciarse sobre la posibilidad de optar por el beneficio de cancelación de la deuda mediante un informe.

Informe del mediador concursal

Ahora bien, para conocer cuál es el contenido y la información que tendrá el informe elaborado por el mediador concursal, debemos recapitular lo establecido en el artículo número 75 de la Ley Concursal donde se señala que este informe contendrá:

• Análisis de datos y circunstancias del deudor.
• Estado de contabilidad del deudor (cuentas, estados financieros, informes y memoria).
• Memoria de las principales decisiones y actuaciones del mediador concursal.

De igual forma la ley anteriormente mencionada destaca que debe incluirse además los siguientes documentos:

• Listado de los acreedores.
• Inventario de la masa activa.
• En caso de ser necesario, plan de liquidación, escrito de evaluación de las propuestas de convenio, así como valoración de la empresa o unidades productivas si el deudor es empresario.

Luego de llevar a cabo la revisión de los documentos anteriormente descritos, el mediador le expondrá al deudor todos los aspectos y detalles que deben tenerse en cuenta con respecto a este proceso.

La exoneración de la deuda o pasivos insatisfechos

El beneficio de esta ley le otorga la posibilidad al particular de quedar exonerado de la ley en base al contexto en el cual se presente el concurso, pudiendo el mismo aportar resultados parciales o definitivas, es decir, la aprobación definitiva del beneficio o una aprobación provisional del mismo.

Cuando se aprueba de manera definitiva el efecto se produce de forma automática, aunque requiere de determinados pagos de deudas. Por otro lado, la aprobación de tipo provisional supone un plan o programa de pagos para su efectividad sin embargo demanda requisitos más accesibles.

Cuanto demora la gestión de este proceso

Es impreciso estimar un periodo de tiempo definitivo en lo que respecta a la duración de la gestión y tramites del proceso de concurso consecutivo dado a que gran parte de la tardanza de dicho procedimiento esta determinado por la carga laboral del juzgado. No obstante, en base a la experiencia de los abogados y mediadores concursales se puede estimar que este proceso se resuelve en un lapso de tres a siete meses, teniendo en cuenta que si se presente el caso de obtener el beneficio de exoneración se deberá esperar hasta cinco años luego de su aprobación para que el mismo sea definitivo e irrevocable.

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Desde la vigencia de la Ley de la Segunda Oportunidad a mediados del 2015 los ciudadanos particulares comenzaron recibir un mecanismo similar al que reciben las empresas y personas jurídicas para afrontar los pasivos insatisfechos o deudas pero, cuáles son los requisitos para acogerse a la ley segunda oportunidad.

La Ley de la Segunda Oportunidad replanteo la responsabilidad del llamado patrimonio universal que establecía el Código Civil en su artículo número 1.911, puesto que brinda la posibilidad de que el deudor o adeudado sea exonerado totalmente de la deuda si el mismo logra cumplir con una serie de requisitos.

Un año antes de que se comulgara esta ley, solo 646 personas físicas tramitaron un concurso para saldar sus deudas, sin embargo, a partir del establecimiento de esta ley ha aumentado considerablemente la cantidad de particulares y autónomos que afrontan sus pasivos insatisfechos. En la Ley Concursal se han establecido los requisitos necesarios para optar por el beneficio de esta ley, los cuales se exponen en el artículo número 178bis y se describen continuación:

• Que el deudor no sea declarado culpable en el concurso. Para ello es necesario que el adeudado cumpla con el deber que supone solicitar la celebración del concurso en su debido momento, y no haber incurrido en falsificación de documentación importante o haber ocultado el contexto de insolvencia.
• Que el deudor no tenga antecedentes de ser condenado por crímenes y delitos contra el patrimonio, la seguridad y el orden socio-económico en los últimos diez años.
• Que se corrobore a través de un notario que el deudor intento celebrar o concretar un acuerdo de pagos extrajudicial con los acreedores.
• Que el adeudado haya cumplido los créditos ya sea contra masas o concursales. Los créditos de masa son los que se concibieron luego de haberse iniciado el concurso, es decir, las minutas del notario, abogado, etc. Por su parte, el crédito concursal de tipo privilegiado hace referencia a las hipotecas.
• Que el deudor no haya sido beneficiado por la exoneración ofrecida por la Ley de la Segunda Oportunidad en los 10 años recientes.
• Que el adeudado no haya desestimado ofertas de empleo o trabajo que se encuentren acordes a sus capacidades en los 4 años recientes del inicio del concurso.
• Que el deudor acepte se incluido en el llamado Registro Público Concursal, de forma que los acreedores e interesados puedan indagar verídicamente el contexto del deudor.

Si el deudor logra satisfacer todos los requisitos anteriormente descritos este automáticamente optara por el beneficio de cancelación o anulación de la deuda, lo cual le otorgar al autónomo o particular una segunda oportunidad en el ámbito comercial y económico.

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Es la pregunta más realizada sobre el tema, ¿quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad? Pues esta ley se presenta como uno de los recursos más favorables para los autónomos y particulares que desean disminuir su carga compromisos y gravámenes financieros, por lo que en el presente artículo detallaremos los aspectos más relevantes de la misma,

Las deudas de autónomos y particulares antes de establecimiento de la ley

En el periodo previo al establecimiento de la ley en cuestión, solo las empresas se encontraban amparadas por el estado en lo que respecta a la dificultad de solventar los pasivos y deudas acarreadas, mediante la Ley Concursal. Ante la necesidad de una ley que amparara a autónomos y nuevos empresarios particulares se concibe la Ley de Segunda Oportunidad.

¿Cómo beneficia esta ley a autónomos y particulares?

La Ley de Segunda Oportunidad que se encuentra reglamentada por la Ley 25/2015 beneficia a autónomos y particulares al brindarle la posibilidad de concursar en un procedimiento de carácter administrativo que permita mediar con el o los acreedores para acordar un método de pago factible o, en caso de no lograrlo, solicitar formalmente la anulación del monto adeudo siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos que establece la ley.

España actualmente es uno de los países europeos con la tasa más baja de particulares acogidos por esta ley dado al desconocimiento de la misma siendo de apenas un 0,01%. Otros países en donde se ha difundido mas esta ley como Alemania y Francia poseen una tasa de acogimiento poblacional mayor de 0,13% y 0,27% respectivamente.

¿Qué es necesarios para ampararse en la Ley de Segunda Oportunidad?

Entre los requisitos que deben cumplir los potenciales solicitantes de esta ley se encuentra:

• Ser personal natural, autónomo o física.
• Ser “deudor de buena fe”.
• No tener el poder financiero para saldar la deuda acarreada.
• No poseer patrimonio o que el mismo sea insuficiente para saldar la deuda.
• Que la deuda sea inferior a los 5.000.000 de euros.

Ahora bien, para muchos resulta poco especifico y subjetivo el término “deudor de buena fe”, no obstante, la ley especifica que se concebirá de esta a forma a los siguientes deudores:

• Que el deudor no sea considerado culpable en el concurso lo cual puede declararse si el mismo no colabora en el proceso aportando los datos e información detallada que requiere este proceso administrativo, y si este no solicito el concurso cuando se encontraba legalmente obligado a hacerlo.
• Que el adeudado no sea condenado por infracciones de orden socio-económicos, falsificación documental, delitos contra la seguridad social, Hacienda Pública o el patrimonio.
• Que se compruebe que el adeudado intento mediar un acuerdo de carácter extrajudicial entre los acreedores para el pago.
• Que el deudor no haya sido beneficiado por esta ley en los diez años anteriores.
• Que el mismo no haya incurrido en rechazo a un empleo adaptado a sus capacidades o a un concurso de declaración.
• Finalmente, que el deudor este dispuesto a aceptar la obtención del beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad a través de una constancia en el Registro Público Concursal durante 5 años.

¿Qué procedimiento supone la ejecución de dicha Ley?

Este proceso supone dos fases fundamentales y sucesivas las cuales pueden llegar a ser conclusivas si se determina que el procedimiento debe concluir:

1° FASE: Acuerdo de pagos extrajudiciales

El deudor debe efectuar el primer procedimiento el cual consiste en solicitar que se abra el expediente que tiene el objetivo de intentar lograr un acuerdo de tipo extrajudicial, lo cual automáticamente invalidara cualquier tipo de procedimiento que deseen realizar los acreedores para exigir el pago de la deuda como los procesos judiciales contra el adeudado.

El mediador concursal es el encargado de presentar un programa de pagos adaptado a las circunstancias del deudor, lo cual deberá realizar con veinte días de antelación y teniendo en cuenta la asesoría de un letrado profesional y el consentimiento del adeudado. Luego de presentarse los acreedores tendrán diez días para responder a la propuesta del plan o programa de pagos pudiendo aceptar, modificar o rechazar el acuerdo.

En el caso de que ambas partes, tanto el deudor como los acreedores, tengan la voluntad de llegar a un acuerdo, debe programarse una reunión en la que participen los acreedores que puede finalizar con dos resultados:

1. Que se logre un acuerdo de tipo extrajudicial y solo quedara que el deudor cumpla con el establecido calendario o programa de pagos.
2. Que no se logre un acuerdo y se procederá con la siguiente fase solicitar el concurso y la liquidación de la deuda.

2° FASE: Exoneración de deudas

Al llegar a la segunda fase se habrá producido un rechazo del programa de pagos planteado por parte de los acreedores, por lo que el adeudado amparado en la Ley de Segunda Oportunidad solicitara formalmente la anulación del pasivo o la deuda teniendo en cuenta que debe cumplir los requerimientos de buena fe anteriormente descritos.

Solo cuando se cumplan cinco años luego de solicitar la anulación del monto de la deuda se podrá oficializar que la misma ha sido exonerada definitivamente, ya que en este plazo de cinco años los acreedores pueden solicitar legalmente la revocación de dicho beneficio siempre y cunado se compruebe que el adeudo no está actuando de buena fe.

El rol de los abogados en la Ley de Segunda Oportunidad

En la actualidad, el contexto económico es realmente lábil e inestable, por lo que muchos autónomos y particulares se encuentran atravesando situaciones financieras notablemente adversas. Una empresa de abogados puede ayudarte con las deudas al gestionar todos los documentos y requisitos necesarios para optar por el beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad, por ello si eres autónomo o un pequeño empresario y requieres urgentemente este beneficio no dudes en comunicarte con un despacho de abogados.

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En el tema de la segunda oportunidad es fácil llegar a la pregunta de ¿qué es el acuerdo extrajudicial de pagos ley segunda oportunidad? Pues el denominado acrónimo AEP hace referencia al recurso legal llamado el “Acuerdo Extrajudicial de Pagos” el cual les ofrece la posibilidad a las personas naturales de reestructurar los pasivos o deudas.

Para aquellos pasivos que no pueden ser considerablemente satisfecho, existe otro mecanismo denominado el beneficio de exoneración de la deuda. En base a lo establecido en la Ley 25/2015 o mejor conocida como la Ley Segunda Oportunidad, analizaremos los detalles del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Acuerdo Extrajudicial de Pagos: ¿Qué es?

Como parte de la Ley 14/2013 se concibió lo que actualmente conocemos como el Acuerdo Extrajudicial de Pagos el cual en su momento tenía el objetivo de mitigar lo establecido en el código civil, específicamente en el artículo número 1911.

Dicho artículo expresa la responsabilidad universal patrimonial la cual implica la obligación que posee cada individuo de asumir sus pasivos o deudas respondiendo con sus patrimonios actuales y futuros en caso de ser necesario, lo que le brinda garantías a los acreedores en caso de que se presente una insolvencia de tipo transitoria.

Sin embargo, la aplicación inexorable de lo expresado en dicho artículo del código civil estaba generando importantes estragos a la economía familiar, por ello se ideo y creo la Ley Segunda Oportunidad, la cual permite la reestructuración de los pasivos o deudas a través de un AEP o en su defecto por medio de la cancelación o exoneración de la deuda.

¿Puedo acogerme en al AEP?

Todas las personas naturales sean autónomas o particulares tiene la posibilidad de optar por un AEP para afrontar deudas impagables si cumplen con los siguientes requisitos:

• Estar en un contexto de insolvencia teniendo en cuenta que la deuda no debe superar los 5.000.000 de euros.
• No haber incurrido en delitos o crímenes contra el orden socio-económico, el patrimonio o cualquier delito que se traduzca en sentencia condenatoria en los diez años recientes.
• No haber utilizado el mecanismo de AEP en los últimos cinco años.
• Presentar el balance correspondiente si eres autónomo.

¿Que supone el Acuerdo Extrajudicial de Pagos?

El acuerdo extrajudicial para el pago de los pasivos o la deuda puede suponer las siguientes medidas:

• Quitas: Son cifras monetarias que el acreedor o los acreedores absolverán de los pasivos o deuda, es decir, un monto especifico que no será pagado.
• Esperas: Son aplazamientos o prorrogas para el pago de los pasivos que teóricamente puede extenderse hasta diez años.
• Cesión en pago: Es una dación que supone la cesión de un bien como parte de pago total de la deuda.
• Cesión para pago: En este tipo de dación, el bien cedido se liquida y el monto de dinero recibido de tu liquidación se destina al pago de la deuda.
• Capitalización de los créditos: esta medida convierte le los créditos en instrumentos financieros ya sea acciones, obligaciones o participaciones.

¿Me conviene optar por el Acuerdo Extrajudicial de Pagos?

Resulta totalmente conveniente y recomendable solicitar un procedimiento de acuerdo extrajudicial para lograr proponer un plan de pagos en caso de que te encuentres en una situación de insolvencia, quiebra o inevitablemente vas padecer la misma. Existen muchos despachos de abogados especializados en este tipo de recurso o mecanismo financiero y judicial, por lo que contactar con estos profesionales es el primer paso que debes tomar para lograr afrontar tus pasivos insatisfechos.

Es necesario mencionar que a pesar de que te encuentres en un contexto de insolvencia o crisis financiera, si recurres a un AEP tendrás la posibilidad de continuar efectuando actividades empresariales o profesionales. El AEP te protegerá de los temidos intereses de la deuda, por lo que este mecanismo se presenta como una herramienta notable para todos los autónomos y particulares en situaciones económicamente desfavorables.

El proceso del AEP

El primer paso para lograr un AEP es contactar con el Notario, quien se encargará de nombrar al mediador concursal, el cual tiene la función de revisar y analizar toda la documentación que el deudor deberá entregar para posteriormente convocar una reunión con los acreedores en un periodo aproximado de 2 meses.

En este proceso es recomendable disponer de los servicios y la asesoría de un abogado para lograr condiciones favorables durante la negociación de los pagos de la deuda. Una vez que inicia este proceso legal estará impedido de llevar a cabo labores administrativas relacionadas con tu actividad.

El mediador se encargará de enviar con una antelación de veinte días la propuesta del AEP a tus acreedores, quienes tendrán un periodo de tiempo de diez días para responder la misma ya sea aceptando lo estipulado en la misma, añadiendo modificaciones o rechazándola. Finalmente, si los acreedores aprueban el AEP todo dependerá de las condiciones que se hayan establecido, sin embargo, si el mismo es rechazado el mediador iniciara los procesos de un concurso sucesivo el cual tiene la finalidad de solicitar formalmente la exoneración de la deuda.

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No podemos dar una respuesta definitiva e inmutable sobre ¿cuánto tarda la ley de la segunda oportunidad?  y cuanto se demora la acogida y la exoneración definitiva de los pasivos que ofrece la Ley de Segunda Oportunidad, puesto que dicho periodo o lapso de tiempo depende fundamentalmente de una serie de variables relacionadas con el tipo de deuda y el contexto del deudor.

Para lograr estimar una duración probable de cuál es el periodo de tiempo que tarda el proceso concursal de la ley en cuestión, es preciso detallar individualmente cada una de las etapas y fases que supone este procedimiento legal, de esta manera podrás realizar un cálculo del tiempo necesario para acogerse a los beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad.

El tiempo que demoraras preparándote para la Ley de Segunda Oportunidad

Los beneficios que ofrece esta novedosa ley son realmente plausibles ya que te permitirá afrontar de una manera accesible y factible aquellas deudas obtenidas inferiores a los 5.000.000 pudiendo optar incluso a la exoneración de la misma.

Ahora bien, el beneficio ofrecido por la ley posee un coste, puesto que el autónomo o particular perderá todo aquellos que pueda ser embargado, de esta forma, es necesario comprender que la etapa inicial para beneficiarse por esta ley es una fase preparativa.

Dicha preparación se basa en estimar el precio que debemos costear para acogerse a la ley, teniendo en cuenta los tramites que supone la misma y las minutas del procurador y abogado, profesionales que contrataremos como parte de esta fase.

¿Cuánto demora la creación de una estrategia procesal y el diseño del expediente?

La etapa siguiente consiste en colaborar con el abogado contratado suministrándole toda la información y documentos pertinentes para que el mismo se encargue de desarrollar una estrategia procesal acorde a nuestra deuda.

Para agilizar este proceso conviene recaudar la documentación de forma rápida, teniendo en cuenta que debemos entregarle al profesional de la abogacía documentos personales como el DNI, documentos matrimoniales o de divorcio y el certificado penal correspondiente.

De igual forma, debemos aportar documentos de carácter económicos y financieros como las nóminas o rentas de la empresa, el certificado de declaración de impuestos y registro de propiedad, documentación de cuentas bancarias, facturas de gastos mensuales, contratos de ventas y compras de bienes y servicios, inventarios de los productos o bienes y finalmente la información de los acreedores y la deuda.

¿Cuánto tiempo tarda el proceso de acuerdo extrajudicial para los pagos de la deuda?

Con todos los documentos e información anteriormente descrito el abogado elaborara el expediente que deberás entregar al notario. El Notario se encargará de contactar al mediador concursal, sin embargo, el gran problema de este trámite se basa en que muchos mediadores, al recibir una remuneración escasa por este proceso, no aceptan asumir el cargo.

En el momento que logres que el mediador asuma el cargo, este profesional gestionara el AEP o Acuerdo Extrajudicial de Pagos.

Si los acreedores aceptan este acuerdo de carácter extrajudicial en donde se establece un plan de pagos, el proceso finalizara en esta etapa, no obstante, si es rechazado el acuerdo procederemos a la siguiente fase. No obstante, es preciso mencionar que el procedimiento de acuerdo extrajudicial puede extenderse incluso hasta seis meses, sin embargo, la mayoría se resuelven en tres a cuatro meses.

¿Cuánto tiempo demora en tramitarse la cancelación de la deuda?

Si el AEP no obtuvo el éxito que necesitábamos, el próximo paso será acogerse al beneficio de cancelación o exoneración de la deuda. Ente procedimiento supone la intervención del juzgado quien determinara si procede una exoneración instantánea de los pasivos insatisfechos o un programa de pagos de cinco años, por lo tanto, el tiempo que demora esta fase está influida por la cuantía de carga de procedimientos judiciales que posea el juzgado, pudiendo ser de hasta seis o siete meses.

¿Cuál es el tiempo que debo esperar para exoneración sea definitiva?

En caso de que se determine que eres deudor de buena fe te otorguen el beneficio de exoneración de la deuda, dicha anulación de los pasivos insatisfechos no será definitiva hasta que trascurran cinco años despues de haberse concedido el beneficio en cuestión, puesto que dentro de dicho periodo si se comprueba que el deudor ha cometido fraude es posible revocar la cancelación de la deuda.

En resumen:

Finalmente, despues de haber anteriormente expresado todos los detalles que influyen en el tiempo que demora acogerse en esta ley, podemos concluir que, si logras convenir un acuerdo extrajudicial para los pagos de la deuda con tus acreedores, el proceso tardara alrededor de cuatro a siete meses, sin embrago, si te acogerás en el beneficio de la exoneración el lapso de tiempo se amplía a unos diez a catorce meses teniendo en cuenta que si logras la anulación de los pasivos insatisfechos estarás bajo un periodo de vigilancia, el cual será de cinco años, posterior a este periodo ya resultara irrevocable y definitiva la exoneración.

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Para responder a ¿cuánto cuesta la ley de segunda oportunidad? hay que explicar que a partir del año 2015 con la entrada en vigencia de la Ley de Segunda Oportunidad los particulares y pequeños empresarios tienen la posibilidad de acceder a recursos que les permitan disminuir sus gravámenes financieros incluyendo la potencial exoneración de la deuda.

Esta esperada ley ha logrado poner al alcance para los autónomos y particulares un recurso legal que ya poseían las empresas, puesto que les ofrece la posibilidad de solicitar la apertura de un proceso legal que le permita negociar con los acreedores la resolución de la deuda.

Ahora bien, el beneficio que ofrece esta ley no aplica para todos los particulares y autónomos, ya que estos deben cumplir con una serie de requisitos específicos. De igual forma, se debe acotar que al igual que cualquier otro procedimiento legal regulado este proceso tiene un precio determinado. En los siguientes párrafos nos encargaremos de detallar las calves de esta ley y el precio que supone la misma.

¿Requerimientos para solicitar le beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad?

Son dos los requisitos esenciales que el autónomo o particular debe cumplir para poder acceder al concurso que supone esta ley, ya de no cumplir con los mismos el potencial beneficiado no podrá ser acogido por la ley. Dichos requerimientos obligatorios son:

• Que no posea los recursos financieros para saldar la deuda: es decir, que no cuente con el capital económico o patrimonios para pagar la deuda.
• Que el deudor actué de buena fe: si bien puede llegar a ser algo subjetivo el término “buena fe” en los siguientes párrafos nos encargaremos de dilucidar los mismos.

¿Qué es ser de buena fe?

Para la Ley de Segunda Oportunidad es indispensable que el deudor sea considerado de “buena fe”. Esto significa que se logre determinar que, en primer lugar, el deudor autónomo haya cumplido con el procedimiento de solicitar un concurso con los acreedores en su debido momento previo al inicio del proceso.

En segundo lugar, el adeudado que pretende ser considerado de buena fe debe haber realizado el intento de llegar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores y finalmente no debe haber sido condenado por crímenes de tipo falsificación de documentación o delitos contra la Hacienda Pública, el orden socio-económico, la seguridad y el patrimonio social.

¿Cuál es el coste de esta ley?

Si hemos garantizado que cumplimos los requisitos estipulados para optar por esta ley, el próximo paso será conocer cuál es el precio que suponen los procesos y tramites de la Ley de Segunda Oportunidad. Inicialmente debemos saber que no hay un precio definido, ya que el coste oscila entre los 4 mil y 2 mil quinientos euros, siendo el promedio alrededor de tres mil doscientos cincuenta euros.

¿Qué factores determinan el precio o coste de la Ley de Segunda Oportunidad?

La variabilidad en el precio de los trámites de la Ley de Segunda Oportunidad se debe a que cada circunstancia es diferente dependiendo de las características del deudor y el contexto de la deuda. Entre los determinantes que afectan el precio del procedimiento que supone la Ley de Segunda Oportunidad se encuentran:

• El ingreso del deudor: el solicitante del beneficio de esta ley no deberá poseer ingresos altos, ya que de ser así se entendería que el mismo esta económicamente capacitado para afrontar la deuda.
• Inmuebles: para aquellos deudores que no cuentan con viviendas o inmuebles a su nombre, el coste de esta ley será menor.
• Importes: el importe que se haya establecido en la deuda afectara el precio final de la gestión del beneficio que concibe la Ley de Segunda Oportunidad.
• Las garantías de la deuda: en el caso de que la deuda posee avalistas se torna más complicado la consecución del beneficio.
• Las capitulaciones matrimoniales: si el deudor se encuentra en un régimen matrimonial económico de tipo ganancial, este procedimiento puede tener un valor más elevado.
• Los honorarios de los profesionales: al precio de estos trámites debe añadírseles los honorarios profesionales por los servicios prestados por abogados, procuradores, registradores y notarios.

¿Cuáles son los trámites?

Para ampararse a esta ley deben llevarse a cabo una serie de pasos y tramites. Dichos trámites pueden prolongarse durante un largo periodo de tiempo de ser necesario. Entre los trámites en cuestión se desatacan los siguientes:

• Realización del formulario diseñado especialmente para la solicitud de esta ley.
• Recolectar todos los datos, documentos e información que se solicita explícitamente en el formulario.
• Llevar los documentos al notario para que este se encargue de seleccionar mediador de tipo concursal.
• Junto con el mediador, y con la asesoría de un abogado de ser necesaria, se debe elaborar una propuesta para el pago de la deuda, es decir, un acuerdo extrajudicial.
• Establecer una fecha para efectuar la reunión con los acreedores.
• Si los acreedores no aceptan la propuesta, se deberá iniciar la solicitud del concurso judicial de acreedores.
• En el momento en que concluya el concurso se puede apelar por la exoneración de la deuda.

¿La anulación de la deuda es permanente?

La Ley de Segunda Oportunidad supone la posibilidad de que se efectué la exoneración de la deuda, sin embargo, es importante tener en cuenta que el juez podrá determinar si la anulación es parcial o total.

Ahora bien, en el caso de que el juez determine que la exoneración de la deuda o compromiso financiero es total es importante tener en cuenta que dicha cancelación es temporal durante un periodo de cinco años en los cuales los acreedores podrán solicitar la revocación de esta exoneración si se comprueba que el deudor a cometido fraude. Luego de los 5 años la exoneración de la deuda pasara a ser permanente y los acreedores no podrán cambiar esta decisión judicial.

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