Recientemente la figura del autónomo falso ha dado mucho que hablar, dado a que firmas importantes del mercado han recurrido a esta modalidad de trabajador con el objetivo de emplear mano de obra económica y con una cantidad reducida derechos laborales. En el que caso de que estés siendo contratado como falso autónomo y desee denunciar esta irregularidad te recomendamos que continúes leyendo el presente artículo.

¿Qué es ser un autónomo falso?

Los autónomos falsos son los empleados que están dados adscritos al Régimen de los Trabajadores Autónomos, sin embargo, estos se encuentran prestando servicios de manera similar a lo que hace un trabajador de cuenta ajena. Esto supone que el trabajador cotizará como autónomo, pero estará a disposición de los ordenamientos dictaminados por la empresa con la que posee una relación contractual.

El autónomo falso depende económicamente de la compañía o empresa que lo contrata, no obstante, es preciso no confundir dicha figura con la de un trabajador autónomo económicamente dependiente o TRADE, la cual es una figura totalmente legal. Esta última figura supone la de un trabajador autónomo que factura cerca del setenta y cinco por ciento de sus ganancias e ingresos con un solo y único cliente.

¿Qué consecuencias trae para la empresa y el trabajador los falsos autónomos?

La empresa que mantienen una relación de autónomo falso con uno o varios de sus trabajadores está expuesta a recibir las sanciones legales establecidas para esta irregularidad. De igual forma la empresa corre el riesgo de que los trabajadores formados en la compañía bajo la condición de falso autónomo abandonen la empresa en el momento que deseen.

Ahora bien, las principales consecuencias de esta irregularidad las sufre el trabajador. El trabajador que se encuentra en situación de falso autónomo mantienen una relación contractual de tipo mercantil con la compañía, por lo que el único derecho que ostenta es cobrar por el trabajo realizado. Dicho pago puede ser además infravalorado y muy bajo comparado con las ganancias que genera otro trabajador en la misma compañía.

¿Es posible evitar este problema?

Aunque es complicado evitar ser contemplado por una empresa en particular como un falso autónomo, se pueden seguir ciertas recomendaciones para evitar este tipo de irregularidad, entre ellas la principal seria rechazar las propuestas de trabajo en las que se te ofrezca un falso contrato mercantil cuando en realidad el puesto laboral que se te ofrece requiere un contrato de tipo laboral.

En el caso de que hayas aceptado el trabajo y quieras salir del estado de autónomo falso, lo que debes hacer es reclamar este hecho a la inspectoría de trabajo. Si se acredita dicha irregularidad, es posible solicitar de antemano un acuerdo extrajudicial con la compañía para que se te ofrezca un contrato de tipo laboral. No obstante, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo se procederá con la pertinente vía judicial.

¿Cómo se denuncia el despido por falso autónomo?

Lo más habitual es que la compañía despida sin previo aviso a los trabajadores que se encuentran en situación de autónomo falso, sobre todo cuando estos comienzan a reclamar sus derechos y un contrato laboral. Ante esta situación se tienen veinte días hábiles para denunciar el despido desde el momento en que se produce el mismo a través de la conocida papelea para conciliación. En caso de no lograr un acuerdo o conciliación con la compañía se demandará a la compañía ante el respectivo juzgado. En este punto el juez determinara si el despido es procedente y en caso de no serlo se otorgarán las respectivas indemnizaciones.

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Durante el año 2015 en España fue aprobada la llamada Ley para Segunda Oportunidad, la cual posee fundamentalmente el objetivo de eximir deudas para aligerar las obligaciones financieras individuos que lo requieran por su comprometido estatus financiero. Dicha legislación está regulada por el R.D Ley 25/2015 y lamentablemente continúa siendo ampliamente desconocida para muchos empresarios y autónomos, por ello en los próximos párrafos dilucidaremos algunos de los detalles de esta legislación.

Como su denominación lo indica, la normativa para segundas oportunidades ofrece la posibilidad de que un empresario pequeño o un particular inicie desde cero sin deudas en el caso de que su estado financiero sea deplorable. La manera en la que actúa la ley en cuestión es mediante la renegociación del plan de pago y abono de deudas de modo que el deudor tenga la posibilidad de afrontar los gatos de su vida. Incluso, si ante el juzgado no se logra un acuerdo de renegociación puede exonerarse o cancelarse los importes adeudados. En tal supuesto dicha resolución ha de ser dictaminada por el juez de la Primera Instancia si el deudor es particular, o por las instancias mercantiles si el deudor es empresario.

Requisitos para apegarse al beneficio de esta normativa

Es necesario que el particular o el empresario autónomo que pretenda apegarse al beneficio de la normativa en tema cumpla con los 2 requisitos siguientes:

1. Demostrar su incapacidad para pagar las deudas: El deudor debe acreditar que ha liquidado cada uno de los bienes de su patrimonio durante el proceso concursal llevándose a cabo el pago posible del importe adeudado. Esto supone que el deudor debe carecer de activos y dinero para llevar a cabo el pago.
2. Demostrar su buena fe: Aunque parezca un poco subjetivo la denominación “buena fe” las leyes determinan que el deudor puede ser considerado de esta forma si intento realizar u acuerdo para el pago del importe que debe a sus acreedores, cuando su estado de insolvencia no fue provocado de forma deliberada, cuando no ha sido beneficiado por dicha legislación en los últimos 10 año, cuando este exento de delitos económicos y cuando no haya rechazado un empleo que pueda desempeñar sus capacidades.

Como se evidencia resulta imprescindible que el deudor que pretenda beneficiarse por la normativa para segundas oportunidades debe inicialmente hacer el intento de negociar extrajudicialmente el pago del importe adeudado con los acreedores, y en el caso de que dicha vía falle es cuando podrá solicitar el beneficio de esta ley.

¿Cuáles son las deudas cancelables?

Entre las deudas que pueden llegarse a exonerar con la conocida Ley para Segundas Oportunidades deben destacarse aquellas que se generan de subastas y las provocadas por ejecución de inmuebles. Ahora bien, existen deudas que dicha ley no exime tales como aquellas contraídas con las entidades tributarias y con Seguridad Social. Como ejemplo se tiene el supuesto de una deuda hipotecaria valorada en ciento cincuenta mil euros donde la entidad bancaria ejecuta y subasta el inmueble por cien mil euros, en este caso la normativa para segundas oportunidades exoneraría si se cumplieran los requisitos anteriormente descritos los cincuenta mil euros restantes de deuda.

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Cuando una empresa finaliza la relación contractual con sus empleados reconociéndoles su indiscutible derecho a percibir indemnizaciones, pero la misma se ha declarado en estado de insolvencia, la opción viable para lograr el pago de los adeudos pendientes con los empleados es a través de FOGASA o el Fondo para la Garantía Salarial.

Esta entidad autónoma que posee personalidad jurídica y depende del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social tiene el objetivo de abonar parte de la cuantía de sueldos pendientes en el supuesto de que la compañía por su estado financiero no este capacitada para satisfacer dichos pagos, es decir, que se encuentre insolvente. La cobertura aportada por FOGASA cubre desde las nóminas impagas hasta las respectivas indemnizaciones de la siguiente forma:

• Sueldos pendientes: Este importe será determinado durante el llamado acto para conciliación o a través de una sentencia judicial. Se contemplarán cada uno de los conceptos especificados por el conocido Estatuto de Trabajadores al igual que los sueldos de tramitación en caso de proceder. El fondo en cuestión pagara como máximo del doble del sueldo interprofesional mínimo cuando se calculen la cantidad de días trabajados pendientes. Los días a pagar también poseen un límite, siendo este de ciento veinte.
• Indemnizaciones: Para este particular FOGASA pagara las prestaciones establecidas durante una resolución administrativa o judicial o reconocidas por medio de la conciliación extrajudicial. Dichas indemnizaciones variaran dependiendo de la modalidad de despido y las causas alegadas para el mismo. En cuanto a la cuantía, esta será como máximo de 1 anualidad con un límite del doble del sueldo interprofesional mínimo para realizar el cálculo.
• Procesos concursales: Llegado al punto de la insolvencia es razonable que la compañía inicie un concurso de los acreedores, y en tal sentido, se requerirá que el nombrado administrador concursal emita una certificación donde se detallen los denominados créditos concursales.

Finalmente es necesario acotar que FOGASA no abona ciertos pluses relacionados a las remuneraciones que recibe el empleado por parte de su compañía tales como bonos por transporte, distancia, quebranto monetario, herramientas, vestuario, útiles, dieta o indemnizaciones por incapacidad temporal.

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En el caso de que seas una de las tantas personas que solicito un crédito avalado por ICO con el objetivo de salvaguardar la continuidad de empresa durante la crisis que ha provocado la pandemia y se te está dificultando lograr la devolución del mismo, te informamos que es posible llevar a cabo la ampliación del vencimiento de tal préstamo a través de la solicitud de reestructuración correspondiente.

Reestructurando un crédito ICO                           

El complicado contexto económico actual ha provocado que las entidades gubernamentales hayan publicado una serie de medidas, cada una con sus respectivos requerimientos para ser solicitadas, y que han sido diseñada para contribuir con los autónomos que se encuentran incapacitados de satisfacer el pago de préstamos ICO solicitados.

Entre las medidas que fueron aprobadas el doce de marzo se encontraban un conjunto de medidas destinadas a aportar un importe en euros de once mil millones que beneficiarían a aquellos autónomos en el marco de las notables perdidas percibidas a causa del Covid-19 y el estado de pandemia generado por dicha enfermedad.

De tal cantidad, un total de tres mil millones fueron asignados indirectamente a autónomos para que estos puedan hacer frente a las deudas por créditos ICO. Para ser más específico, la cantidad anteriormente descrita fue entregada a ICO para que esta entidad apoye la restructuración necesaria de los adeudos financieros que poseen aval público. Para reestructurar el abono de un préstamo ICO se crearon las siguientes medidas:

1. Extensión de los periodos de vencimiento.
2. Contribuciones directas de disminución del importe del crédito.
3. Transformación a créditos participativos.

¿Cómo extender el plazo establecido para la devolución del préstamo ICO?

Inicialmente el autónomo tiene que acudir a las oficinas del organismo financiero donde solicito dicho préstamo ICO la cual debe encontrarse adscrita al denominado Código para Buenas Practicas. De igual forma, el autónomo solicitante de la extensión o ampliación en cuestión cumplirá con efectuar la declaración confiable en donde se detallen cada una de las ayudas y subsidios públicos recibidos. Ahora bien, el banco solo está obligado a extender el plazo para la devolución del crédito ICO cuando se cumplan los requisitos descritos a continuación:

• Las cuentas y facturas del autónomo han de demostrar una reducción mayor del treinta por ciento en los meses en cuestión comparados con el año anterior.
• La solicitud para dicha extensión del vencimiento tiene que haber sido efectuada previo al veintiuno de octubre del 2021.
• El crédito en cuestión debió haber sido formalizado previo al Código para Buenas Practicas.
• Que el prestamos avalado no se encentre impugnado durante un período de tiempo mayor a noventa días por estado de mora.
• De igual forma, resulta necesario que el autónomo deudor tampoco se encuentre en estado de morosidad ante el CIRBE.
• El autónomo o solicitante debe estar libre de condenas o sentencias por infracciones contra Hacienda Pública o Seguridad Social.

Otro de los requerimientos a cumplir son los límites que establece la denominada Unión Europea en lo que respecta a ayudas estatales. Asimismo, el R.D. Ley 5/2011 estableció una serie de criterios de elegibilidad para apegarse a este tipo de medidas, y entre tales criterios debe mencionarse que el autónomo no esté sujeto a concurso de acreedores, estar al día con los pagos de tributos, subvenciones públicas y las obligaciones exigidas por Seguridad Social.

Entre tanto, se exige que el autónomo luego de lograr esta medida debe continuar con sus actividades empresariales para que la ayuda no sea revocada hasta como mínimo el treinta de junio del año 2022. Para finalizar, es preciso detallar que incluso cuando un autónomo no logra cumplir con todos estos requisitos relacionados a facturación, de igual manera puede obtener la extensión si el banco desea otorgársela.

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En el caso de que seas un autónomo y te encuentres planeando realizar la solicitud de la finalización de tus actividades comerciales es muy probable que te preguntes que tienes que hacer con tus empleados, y la respuesta a ello es que deberás llevar a cabo el despido de los mismos. En el proceso de conclusión de las actividades comerciales el autónomo debe inicialmente efectuar la liquidación de los empleados, para ello se tienen que extinguir la relación contractual con cada trabajador ya sea mediante la Inspectoría del trabajo o en el SEPE.

La liquidación del personal de empleados

La conocida Seguridad Social determina el régimen en el que ha de liquidarse al personal de trabajadores. La gestión de este proceso implica el cumplimiento de los respectivos trámites ante la tesorería principal o general de Seguridad Social. Es importante tener en cuenta que dicha gestión debe ejecutarse en la entidad provincial correspondiente en donde se realice esta alta. Se ha establecido un límite máximo de 3 días hábiles posteriores a la conclusión de las actividades empresariales para despedir al personal de empleados. De igual forma, en dicho periodo de 3 días será necesario la solicitud de baja para la cotización del personal y finalmente se efectuará la comunicación sobre el cese de operaciones en el centro laboral.

Baja de los autónomos                                  

Para lograr la baja respectiva del autónomo este está obligado a cumplir con el trámite del RETA o Régimen Especial para Trabajadores Autónomos llenando el modelo número 036, considerando que estas gestiones deben realizarse en paralelo con las anteriormente mencionadas. Una vez que se logre la baja, esta figura ya no tendrá la autorización para emitir o recibir facturas relacionadas a su actividad comercial o empresarial. Otra de las gestiones a llevar a cabo será las pertinentes declaraciones fiscales y comunicar todo este proceso a la entidad tributaria.

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Los llamados procesos concursales de los acreedores son aquellos procedimientos con los cuales una compañía que se encuentra en estado de insolvencia y que por ende no puede satisfacer el pago de sus deudas intenta solventar dichos inconvenientes económicos con el objetivo de preservar la actividad comercial de la compañía. Dichos procedimientos se realizan para lograr abonar el importe total de la cuantía adeuda a los empleados y acreedores para salvaguardar la continuidad de la compañía. Sin embargo, es necesario mencionar que hoy en día prácticamente todos estos procesos concursales concluyen con la extinción de la compañía o empresa, por lo que sus empleados terminan siendo ampliamente perjudicados.

Cuando una empresa se declara en proceso concursal con sus acreedores, el juzgado nombra a un denominado administrador concursal, el cual debe ser un economista o abogado que posea de experiencia como mínimo 5 años. Dicho administrador suplirá o asistirá al encargado de la empresa acompañándolo durante el proceso. La primera tarea que debe efectuar la figura administrativa concursal es la de realizar un detallado informe donde se describa el contexto patrimonial y financiero de la compañía que determinara la viabilidad de la misma.

Una de las cosas que se detallan en tal informe son los adeudos de la compañía, en lo que se incluye los sueldos pendientes y las indemnizaciones. En virtud de las deudas que tenga la compañía el administrador se encargara de priorizar las mismas.

Aunque muchos empleados piensan que las nóminas pendientes no están priorizadas, al momento de abonar las cantidades adeudadas la ley otorga preferencia a los sueldos pendientes de pago de los treinta últimos días previos a que se declarara el concurso. De esta manera se evidencia el derecho que poseen los empleados de por sobre los acreedores de la compañía al momento de llevar a cabo la satisfacción de los adeudos.

Cuando la compañía no cuenta con los bienes y activos suficientes para poder abonar las deudas que posee con sus empleados, tanto nominas impagadas como las respectivas indemnizaciones, el artículo numero treinta y tres del denominado Estatuto de Trabajadores especifica que el Fondo de Garantía Salarial o FOGASA será el encargado de pagarle a los empleados. Es necesario tener en cuenta que no se requiere la finalización del proceso concursal para que FOGASA actué y realice los pagos, ya que durante este proceso puede solicitarse dicho pago. Ahora bien, es necesario recordar que FOGASA no pagara o abonara toda la totalidad del adeudo, por el contrario, este fondo por sueldos pendientes pagara únicamente como máximo ciento veinte días de salario calculado al doble del salario interprofesional mínimo, y en lo que respecta a indemnizaciones se pagaran únicamente 1 anualidad correspondiente a veinte días por cada año de servicio.

Por otro lado, pese a que el empleado debe continuar trabajando salvo que el llamado administrador concursal ordene lo puesto, el personal de empleados tiene el derecho de solicitar una serie de medidas tales como el cambio en las condiciones laborales, la suspensión del vínculo contractual o la transferencia a otro centro laboral. Dichas medidas han de ser solicitadas por la representación del personal de empleados.

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En el caso de que la compañía en la que laboras no está pagando tu suelo y quieres emprender el pertinente reclamo, en los siguientes párrafos te brindaremos toda la información que debes saber sobre este supuesto. Es un derecho de cada trabajador que la compañía le abone de manera puntual su respectivo salario, ahora bien, si dicha empresa no cumple debidamente con tal obligación, el empleado puede reclamar el impago de su sueldo a través de:

• Un reclamo extrajudicial.
• Un reclamo de carácter judicial.
• Solicitud de finalización del vínculo laboral cuando se acredita incumplimiento reiterado y grave de tal infracción.

¿Cuáles son los plazos establecidos para este reclamo?

Las leyes establecen un plazo correspondiente a 1 año natural para poder llevar a cabo una reclamación legal del impago de un salario, lo que significa que posterior al año de dicho impago el empleado no podrá demandar el abono del mismo.

¿Puede interrumpirse dicho plazo?

Ahora bien, este ya descrito plazo puede ser paralizado o interrumpido de la siguiente manera:

1. Cuando se realiza una notificación por escrito a la compañía reclamando el abono del sueldo impagado, ya sea a través de un requerimiento notarial o un burofax.
2. Cuando se presenta la llamada papeleta o documento de conciliación en el SMAC o CEMAC.
3. Cuando se obtiene un escrito de la compañía o empresa en donde se evidencia que la misma reconoce estar adeudada con el empleado por el impago de salarios.

¿Si no me pagan mi salario, dejo de trabajar?

Uno de los errores más comunes entre los empleados que están sufriendo está molesta situación es que deciden dejar de acudir a su trabajo por el impago, ya que esto debe ser evitado. El empleado afectado por impago de su sueldo debe continuar cumpliendo con su jornada laboral y solo podrá abandonar el puesto de trabajo si esto es acordado en sentencia judicial. Se expone el empleado a un despido de tipo disciplinario sin opción a recibir indemnizaciones si voluntariamente abandona el puesto laboral.

Pasos para efectuar la reclamación

Para facilitarle los tramites al empleado, la ley ofrece la posibilidad de que el empleado demande el pago de sus sueldos pendientes si tener que disponer de los servicios de un abogado o la representación de un procurador o graduado social. No obstante, es preciso recordar que se trata de procesos legales complejos que requieren el conocimiento y la experiencia en derecho laboral, por ello es recomendable disponer de la asesoría de un profesional del ámbito. Los pasos para efectuar esta demanda son:

1. Vía extrajudicial:

Como en la gran mayoría de problemas legales, primero se requiere transitar la vía extrajudicial antes de acudir a los juzgados, por ello, para dicha situación el empleado inicialmente tendrá que presentar la conocida papeleta para la conciliación ante la autoridad respectiva ya sea el SMAC o CEMAC. Las autoridades en cuestión llevaran a cabo un acto para conciliación citando tanto al empleado como al representante de la compañía y finalmente emitirá un acta con los resultados de este proceso, es decir, si se llegó al acuerdo para el pago, o si se deberá continuar dicha demanda en las instancias judiciales.

2. Reclamación judicial:

Existen tres procedimientos que permiten realizar judicialmente una demanda por el impago de sueldos o salarios laborales. El primero de ellos es el llamado procedimiento para monitoreo laboral el cual tiene la particularidad de ser el proceso más rápido y sencillo. El segundo, el procedimiento judicial laboral ordinario suele ser lento y la última opción, el procedimiento judicial para la finalización del vínculo laboral cuando el impago sea reiterativo y grave. Finalmente, cuando el juzgado estima esta demanda el empleado demandante obtiene el derecho de percibir indemnizaciones por despido de tipo improcedente.

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Los llamados fijos discontinuos son una modalidad de contratos que tienen un periodo de tiempo indefinido y que están regulados por el Estatuto de Trabajadores, específicamente en su artículo número 16. Este contrato tiene la finalidad de cubrir la necesidad empresarial de disponer de empleados permanentes. En tal sentido, la única forma de concluir el vínculo laboral de un trabajador con contrato indefinido o fijo-discontinuo son los despidos.

Realizados de forma unilateral, el despido representa el mecanismo por el cual una compañía puede finalizar los contratos de tipo fijo-discontinuo y en este país solo se reconocen dos motivos fundamentales para llevar a cabo un despido de tipo individual:

• Causas disciplinarias: En este caso se efectúa el despido dado a que el empleado a cometido faltas graves, por lo que ante dicha finalización del vínculo laboral el empleado no posee derecho a percibir indemnizaciones, aunque si deberá recibir la respectiva prestación de desempleo y el finiquito.
• Causas objetivas: Los llamados despidos objetivo se argumentan y sustentan por causas técnicas, económicas, productivas o de organización que se encuentran afectando de manera significativa a la compañía. Dichas causas deben suponerle al empresario la necesidad de ejecutar despidos. En este caso, el empleado despedido por razones objetivas percibirá una indemnización correspondiente a veinte días salariados por cada año de servicio con un límite de doce mensualidades. Por su puesto, el trabajador también percibirá el paro y finiquito.

Independientemente de la modalidad de despido empleada por la compañía de las anteriormente descritas, el trabajador posee derecho a impugnar esta decisión unilateral en los veinte días posteriores con el objetivo de lograr una readmisión en su puesto laboral o una de las indemnizaciones por despido nulo o improcedente que otorga la regulación laboral. Al llevarse a cabo una impugnación del despido será el tribunal el encargado de determinar si dicha decisión empresarial es procedente, nula o improcedente y cada una de estas designaciones poseen sus particulares efectos como se describe a continuación:

• Despidos nulos: Cuando se sentencia judicialmente que un despido es de tipo nulo, la compañía está legalmente obligada a inmediatamente reincorporar al empleado despido restituyéndole su puesto laboral.
• Despidos improcedentes: En los despidos que se declaran como improcedentes se le otorgan dos opciones al empresario, la primera de ellas es readmitir nuevamente al empleado otorgándole el puesto laboral del cual fue despedido, o por otro lado se tiene la opción de mantener la decisión pagándole al empleado una indemnización correspondiente a treinta y tres días de salario por cada año de servicio con la compañía, o cuarenta y cinco días por cada año de servicio previo al 2012.
• Despidos procedentes: Si el tribunal determina que esta decisión empresarial de finalizar el vínculo laboral es procedente, la compañía no tendrá obligación alguna con el empleado salvo el pago del finiquito e indemnizaciones en caso de despido objetivo si se cuenta con las cotizaciones exigidas.

Podemos concluir en que en los despidos que se realizan en el contexto de un contrato indefinido o fijo-discontinuo poseen muy pocas diferencias con la finalización de un vínculo laboral en el marco de un contrato temporal, por lo que el aspecto más trascendental en este tema es conocer los motivos del despido y determinar la procedencia del mismo.

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No cabe duda que ningún empresario, autónomo o particular se ha librado de las consecuencias económicas producidas por el estado de crisis en el que nos encontramos atravesando, incluso muchos han llegado al límite de no estar en la capacidad de satisfacer sus deudas, por lo que han tenido que declararse en estado de suspensión de los pagos. Esta herramienta laboral tiene la finalidad de lograr un convenio judicial entre los acreedores y el empresario deudor para establecer un plan de pagos del importe adeudado.

¿En que difiere las suspensiones de los pagos con la bancarrota o quiebra técnica?

En dos aspectos fundamentales se diferencian la llamada quiebra técnica con el procedimiento de suspensión de los pagos: la temporalidad y el estado financiero de la compañía. Mientras que la quiebra supone un estado irreversible, las denominadas suspensiones de los pagos son estados de insolvencia temporal. De esta manera, al encontrarse en suspensión de los pagos una empresa, autónomo o particular puede continuar desarrollando sus actividades comprometiéndose a lograr el pago del importe adeudado.

¿Cómo se lleva a cabo la suspensión de los pagos?

En el caso de que tu empresa se encuentre en un contexto temporal de insolvencia resultara útil solicitar la conocida suspensión de los pagos para garantizar que continúen las actividades de la compañía mientras se reúne la cuantía requerida para satisfacer a los acreedores. Los requerimientos exigidos para solicitar este recurso legal son los siguientes:

• Acreditar la capacidad de satisfacer las deudas en el futuro.
• La aceptación de los acreedores del autónomo, empresa o particular.
• Que la deuda en cuestión sea inferior al importe de 5.000.000 de euros.
• Que el deudor esté libre de condenas por infracciones al patrimonio, falsificación de documentos, delitos a la Hacienda y Seguridad Social o contra los derechos reconocidos de los empleados en los 10 años anteriores de la solicitud de este procedimiento.
• Que en los 4 años priores a solicitar tal procedimiento el insolvente no haya rechazado un ofrecimiento de trabajo.
• Buena fe del deudor quien no ha debido incurrir en ocultamiento de activos y patrimonios o la adquisición de deudas desmedidas.

¿Cómo se ven afectados los empleados?

Es ineludible que el empleado se vea afectado por la solicitud de dicho procedimiento legal. Cuando una compañía ingresa en estado de suspensión temporal de los pagos no solo paraliza la satisfacción del importe adeudado de sus acreedores, sino también de sus empleados, por lo que dicha medida puede desencadenar o el impago de las nóminas o finalmente el despido de tipo colectivo. Ante un impago del sueldo, cada empleado puede o demandar al empresario para el abono del mismo o exigir la finalización del contrato, todo esto por la vía judicial. Si exige la finalización del contrato el empleado podrá cobrar la respectiva indemnización por despido de tipo improcedente. En el contexto de que se suscite un despido de tipo colectivo, el personal de trabajadores tendrá que llevar a cabo negociaciones con la compañía, y dependiendo si se logran o no acuerdos variara la cuantía a cobrar por indemnizaciones.

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Desde que inicio la pandemia de Covid-19 nos hemos ido acostumbrando cada vez más a palabras como bancarrota, quiebra o cierre empresarial, dado a que lamentablemente muchas compañías se han visto notablemente afectadas desde el ámbito económico y productivo por lo que han tenido que cesar sus actividades comerciales. Cuando una compañía o empresa tiene este terrible desenlace automáticamente entra en un estado de suspensión de los pagos y por supuesto se inicia el proceso concursal de acreedores. Si desconoces que significan estos dos conceptos te invitamos a que continúes leyendo los siguientes párrafos.

¿Qué son las suspensiones de pago?

El estado de suspensión de los pagos es provocado por la falta o ausencia de liquidez que supone que la compañía no puede satisfacer las deudas que esta posee. Ante dicho contexto automáticamente la empresa en cuestión debe llevar a cabo el denominado concurso de los acreedores.

¿Qué es el proceso concursal de acreedores?

Como ya se ha explicado, primero se lleva a cabo las suspensiones de pagos y posteriormente se suscita el conocido concurso de los acreedores, por lo que conviene explicar que este es un proceso en el que se congelan el abono de adeudos de manera temporal mientras se llevan a cabo negociaciones entre los acreedores y el empresario para establecer un acuerdo que permita satisfacer toda la cantidad pendiente de pago.

¿Qué debe hacer el trabajador ante esta situación?

Cuando la compañía se declara en proceso concursal, es importante tener en cuenta que esto no significa una paralización de las actividades de la misma, de esta manera el empleado debe continuar acudiendo y cumpliendo su jornada laboral salvo que se ordene la detención de las jornadas. No obstante, puede presentarse la situación en la que se establezca una figura conocida como administrador concursal el cual acompañara o sustituirá al director de la compañía por lo que este tiene la posibilidad de ordenar que no se continúen acudiendo al trabajo ofreciendo además permisos retribuidos, decisión que será por supuesto informada al empleado con la respectiva notificación.

¿A que tiene derecho el empleado ante esta situación?

Afortunadamente las leyes le conceden ciertos derechos a los empleados que se encuentran afectados por las suspensiones de pago o los procesos concursales de los acreedores, puesto que, por ejemplo, es posible que estos soliciten ante un juzgado el llamado Expediente de Regulación de Empleos para la extinción o la suspensión temporal de los contratos. En el caso de que se conceda el ERE para extinción o finalización del vínculo laboral que generaría un despido de tipo colectivo, cada trabajador tendrá derecho a una indemnización correspondiente a veinte días de salario por cada año de servicio con un límite establecido de doce mensualidades.

¿Y si la empresa que se encuentra en proceso concursal no puede pagar a los empleados por insolvencia?

Cada empleado tiene derecho a percibir las respectivas indemnizaciones, las nóminas y salarios pendientes y por su puesto el finiquito. ¿Pero si la empresa se encuentra en estado de insolvencia como se lograría este pago? En tales casos actuaria el llamado Fondo de la Garantía Salarial o FOGASA. Dicho fondo pagara por nominas que se encuentren pendientes el cálculo de la cantidad de días laborados pendientes con un límite máximo de veinte días en base al doble del sueldo diario interprofesional mínimo. En lo que respecta a indemnizaciones, el fondo pagara una anualidad como máximo.

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