Con el establecimiento del Real Decreto 7/2019 se han determinado de manera urgente nuevas medidas relacionadas con el arrendamiento de inmuebles, en la cuales figuran nuevas políticas de cuánto debe durar el alquiler, condiciones para incrementar las rentas, entre otros tipos de modificaciones que deben ser tenidas en cuenta por todas aquellas personas que posee un inmueble en alquiler y que detallaremos a continuación.

¿Cuánto deben durar los arrendamientos?

Se ha reafirmado con estas nuevas medidas que la duración que tendrá un alquiler ha de ser pactada de forma libre por las partes, no obstante, se debe tener en cuenta que, si dicho periodo es menor a 5 años, tendrá la posibilidad de prorrogarse un año hasta que se alcance el límite de 5 años, excepto cuando el arrendador preavise su deseo de no otorgar dicha prorroga o renovación con una antelación de 30 días previos a que finalice el contrato.

¿Hay cambios en la regulación para la venta de un inmueble alquilado?

Se debe tener en cuenta que la persona que adquiere un inmueble arrendado adquiere además las obligaciones y derechos del antiguo arrendador por un periodo mínimo de 5 años de alquiler o 7 si es una persona jurídica. De igual forma conviene citar lo expresado en la conocida Ley Hipotecaria en su artículo numero 34 donde se expresa que los individuos menores, discapacitados, en contexto de vulnerabilidad y mayores de sesenta y cinco años no pueden renunciar a tal derecho.

De esta forma, cunado no aplica el articulo anteriormente descrito, el comprador de un inmueble arrendado tiene la obligación de supeditarse a la durante del contrato pactada. Sin embargo, si aplica la normativa en cuestión el comprador del inmueble debe consentir el arrendamiento hasta que se cumplan un periodo mínimo de 5 a 7 años. En tales casos el enajenante tiene que indemnizar al inquilino con la suma de 1 mensualidad por año de contrato. De igual forma, si el arrendatario falleciera y el contrato de arrendamiento es superior a 5 o 7 años, se puede pactar de que no se suscite subrogación.

¿Se debe actualizar el contrato de alquiler y la renta?

Independientemente de la duración del contrato, solo se podrá llevar a cabo la actualización de la renta cuando se cumpla cada año de la relación contractual. Incluso, si se pacta antes de firmar el contrato, puede añadirse una clausula en la que no se conciban actualizaciones o incrementos de la renta. Para realizar actualizaciones se debe tener en el llamado Índice para Garantías de Competitividad, teniendo en cuenta que el aumento no puede superar la diferencia porcentual que registre este índice.

¿Puedo incrementar la renta por obras de mejoras en el inmueble?

Luego de haber trascurrido 5 o 7 años, las obras que realice el arrendador para mejorar las condiciones del inmueble otorgan la posibilidad de incrementar la renta, teniendo en cuenta que han de descontarse las llamadas subvenciones públicas. Para este incremento es necesario que se notifique al inquilino con un mes de anticipación luego de concluidas las obras. Es necesario que se posea detallado el cálculo de los costes y gastos que supuso las obras para mejoras del piso o inmueble.

¿Qué fianza se debe depositar al alquilar un local comercial o una vivienda?

Finalmente, en lo que respecta a las fianzas, estas legalmente equivalen a 1 mensualidad del alquiler del inmueble, o incluso 2 si se le dará al inmueble un uso diferente. No puede actualizarse la fianza en los primeros 5 o 7 años del contrato de arrendamiento, sin embargo, cuando se soliciten prorrogas para alargar la duración del contrato si podrá incrementarse la fianza.

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Se entiende por matrimonio aquel vinculo legal formado por dos individuos de forma voluntaria con el que se instituyen una serie de obligaciones y derechos propios de la unión matrimonial. Estas responsabilidades y derechos abarcan desde el ámbito jurídico hasta el patrimonial. En lo que respecta a este último ámbito, resulta necesario que al establecer el matrimonio se determine el régimen económico que regulara como se administrara el patrimonio de la pareja.

La determinación del régimen económico que gobernara el ámbito patrimonial del matrimonio se realiza ante un Notario estableciendo las llamadas capitulaciones matrimoniales, teniendo los cónyuges la posibilidad de elegir libremente el tipo de régimen más adecuado para sus necesidades e incluso pudiendo cambiar o modificar el mismo en caso de ser necesario.

Muchos matrimonios no establecen dichas capitulaciones, no obstante, esto no significa que dichos vínculos matrimoniales estén exentos de un régimen, ya que ante la ausencia de elección de un régimen se establece uno tipo de régimen económico predeterminado que varía dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren los conyugues. Los tipos de regímenes económicos son tres, tal y como lo establece el Código Civil. Dichos regímenes son:

• Régimen de gananciales: Este tipo de régimen establece que todo el patrimonio generado por los cónyuges durante la unión matrimonial se concebirá como comunes entre ambos. De esta manera, si se produjera la disolución del vínculo matrimonial, todo el patrimonio seria repartido a la mitad para cada cónyuge. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los bienes y ganancias de cada miembro del matrimonio se consideraran comunes, ya que, por ejemplo, aquellos beneficios y bienes que poseía uno de los integrantes de la pareja previo al matrimonio, continuaran considerándose privativos. El patrimonio común será todos aquellos gananciales generados posterior al matrimonio independientemente de cuál de los cónyuges lo genere.
• Régimen de separación de los bienes: Este es un régimen en el que se determina que todos los bienes y el patrimonio que generen los cónyuges siempre se consideraran privativos, independientemente si son producidos antes o después de que se formalice la unión matrimonial. De esta forma, cada cónyuge tiene el derecho de administrar, gozar y disponer libremente de sus propios bienes.
• Régimen de participación: En este caso, el régimen supone que a cada cónyuge se le otorga el derecho de participar en el patrimonio de su pareja mientras dure el vínculo matrimonial. Sin embargo, cada cónyuge tiene el derecho privativo de administrar, gozar y disponer de sus bienes hayan sido estos obtenidos posterior o previo al matrimonio. Dicho régimen se entiende como de tipo mixto ya que posee cualidades de los dos regímenes anteriormente descritos.

Resulta importante conocer cada uno de los tipos de regímenes económicos que ofrece la ley para las uniones matrimoniales ya que dependiendo de las características y el contexto de cada matrimonio resultara más favorable y beneficioso un tipo de régimen en particular, por ello, es recomendable hacer una adecuada e inteligente elección del régimen a establecer en las capitulaciones.

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No cabe duda que en las leyes actuales existen diferentes notables en lo que respecta a los derechos que derivan de la relación entre dos individuos, ya que no son los mismos derechos los que suponen un matrimonio a los que suponen el estado de pareja de hecho, principalmente en lo que respecta a las pensiones de viudedad.

En el ámbito estatal es necesario tener en cuenta que existe un vacío legal evidente en lo que respecta a regulaciones para la denominada pareja de hecho. Al no existir regulaciones para esta figura, cada una de las Comunidades Autónomas del país establecen sus legislaciones particulares sobre este tema, existiendo una serie de criterios comunes con respecto a las pensiones de viudedad que fueron establecidos en el 2014, año en el que el Tribunal integro las doctrinas sobre esta figura para prevenir las discrepancias entre las personas que integran las diversas comunidades de España.

En la llamada Ley General para la Seguridad Social se encuentra el articulo número 221 que brinda sustento legal al derecho que poseen la pareja de hecho de recibir la correspondiente pensión por viudedad. Se establece en la legislación anteriormente mencionada que es necesario que la pareja se encuentre inscrita en el denominado Registro de las Uniones de Hecho teniendo como mínimo un periodo de 5 años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento, o constar en escritura pública por lo menos 2 años antes de que se produzca el fallecimiento.

Los anteriormente mencionados son los requisitos formales que se exigen para que una pareja de hecho pueda exigir legalmente la pensión por viudedad, sin embargo, a esto debe añadirse otros requerimientos económicos como lo son:

• El superviviente debe acreditar la insuficiencia de los ingresos obtenidos en 1 año natural previo para alcanzar el 50% de los que obtuviera el fallecido en dicho periodo más los propios. Este requisito se reduce a menos del 25% cuando no existen hijos comunes en la pareja de hecho.
• De igual forma, se puede obtener la pensión en cuestión cuando el total de ingresos generados por el superviviente sean 1,5 veces inferiores al valor del salario mínimo vigente de interprofesionales para la fecha en la que se produce el fallecimiento. Este límite recibe un incremento de 0,5 veces para cada uno de los hijos en común que tienen derecho a pensión por orfandad y que convivan con el superviviente.

Los trámites para obtener la pensión por viudedad son los mismos tanto para la pareja de hecho, como para una pareja unida por matrimonio. De esta manera se entiende que deberá tenerse en cuenta un periodo de 3 meses posteriores al fallecimiento para realizar la solicitud formal por este derecho ante la Seguridad Social.

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Aunque reiterativamente se sentencia de que no es igual una pareja que una esposa, esta duda continúa siendo una de las preguntas más frecuentes que se les realiza a los profesionales del derecho y los notarios, los cuales responden una y otra vez: No. A efectos legales, la pareja y la esposa o esposo son dos figuras totalmente distintas.

Aunque emocional y sentimentalmente pueden parecer dos roles semejantes y por ende sería justo que tuvieran las mismas implicaciones legales, la ley es clara. En el artículo número 807 del Código Civil se establece que el cónyuge es heredero, sin embargo, dichos derechos no se le otorgan a la pareja con la no se hayan contraído nupcias.

De esta forma, en la eventualmente muerte de uno de los miembros de una parecía legalmente no casada, el otro miembro queda totalmente desprotegido ante los potenciales herederos tales como hijos o padres del fallecido, quienes pueden optar por no ceder nada de la herencia del fenecido si lo desean o si poseen problemas con la pareja.

Es habitual que posterior a un divorcio, muchos deciden rehacer sus vidas, pero sin comprometerse con otro vínculo matrimonial debido a los traumas de la ruptura. De esta manera se puede presentar el común caso de una pareja no unida por vínculo matrimonial en la cual uno posea hijos legítimos de su anterior relación, y en caso de que este fallezca la herencia correspondería a sus primogénitos y no a su actual pareja.

Lo anteriormente citado no significa que la única solución sea el matrimonio, sin embargo, es preciso tener lo anteriormente expuesto en cuenta cuando se comienza a vivir con una persona, la ley no le otorgara derecho a la misma en lo que respecta a herencia en caso de que se presente el deceso de la pareja.

Aunque esto en teoría es injusto, sobre todo para las parejas que llevan mucho tiempo conviviendo, esto es lo que expresan las leyes vigentes. En estos casos los notarios y los abogados no pueden hacer nada al respecto, la única solución para este tema seria que el Congreso apruebe el derecho de legitimario a las parejas no matrimoniales.

Existe la posibilidad de realizar un testamento en el que se incluya a la pareja, no obstante, es preciso recordar que en caso de poseer hijos que independientemente de lo que se estipule en el testamento, los hijos del fallecido tienen derecho a 2/3 partes de todos los bienes según el Código Civil en su artículo número 808. En caso de no existir primogénitos, ½ de toda la herencia y sus bienes corresponden a los padres independientemente de lo estipulado en el testamento.

La persona que fallece sin testamento, la ley se encargara otorgar tu herencia a los llamados herederos intestados y a las legítimas, por lo que la pareja con la que no se contrajo matrimonio quedaría totalmente desprovista de cualquier derecho a la herencia. Por este motivo, lo recomendable es hacer un testamento e incluir a la pareja en el mismo.

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Las relaciones en las que conviven una pareja con primogénitos menores que son solo de un único individuo de la pareja es una situación bastante común en España, y lamentablemente la legislatura se desentiende de la regulación de aquellos deberes, derechos y responsabilidades que tiene el miembro de la pareja no progenitora con los hijos menores no comunes.

Las legislaciones no han abordado dicha situación con leyes y regulaciones específicas para la situación de los hijos no comunes y los convivientes no progenitores. Tradicionalmente esta situación era poco habitual y se presentaba casi exclusivamente en el contexto de un padre o madre que había quedado viuda y rehace su vida con sus hijos con una nueva pareja. Sin embargo, en la actualidad esto es una situación mucho más frecuente dado a la gran cantidad de divorcios que se suscitan en el país.

La convivencia con otro individuo no solo es compleja por las inherentes diferencias que existen entre las personas, sino además porque dicha convivencia supone una serie de obligaciones jurídicas y legales. Cuando a dicha convivencia se le agrega el hecho de que esta nueva pareja con la que cohabitamos posee hijos menores la situación torna más complicada, no obstante, la legislatura solo se limita a regular la denominada patria potestad de estos menores de edad, cuando en realidad se están suscitando en dicha convivencia otros fenómenos y responsabilidades entre el conviviente no progenitor y los menores de edad.

Un ejemplo clásico de esta situación se presenta cuando dos personas intentan rehacer sus vidas con una convivencia en la que participa el hijo o hija de una de los individuos de la pareja sin formalizar una relación matrimonial legal. Esto es muy común, ya que posterior a los traumas emocionales y psicológicos derivados de la ruptura de un matrimonio muchas personas desean no volver casarse ni formalizar legalmente sus próximas relaciones.

Con respecto al contexto planteado anteriormente, se presenta el ejemplo de una pareja que provienen de fracasos matrimoniales estrepitosos y traumáticos por lo que juntos juraron no volver casarse, a pesar de querer convivir juntos por el resto de sus vidas. En este caso ambos tenían hijos de sus matrimonios pasados, sin embargo, solo uno de dichos hijos no comunes convivía con ellos por el asunto de la patria potestad.

En este caso, el individuo de la pareja en cuestión quería a la primogénita de su pareja como su propia hija, aunque estaba consciente de que no era su padre, sin embargo, quería ejercer con ella patria potestad. Respetando el derecho de sus hijos de su anterior matrimonio, él quería que esta niña formara parte de su testamento, por lo que legalmente se recurrió a la figura denominada “cautela socini” en la que es posible instituir un régimen de herederos de partes iguales en la que se contemplaban los hijos legítimos de él y la hija de su actual pareja.

Otro de los inconvenientes planteados es la tutoría y custodia de los hijos no comunes de una relación. En este ejemplo, ella ostentaba la llamada patria potestad de su hija legitima, por lo que legalmente si ella fallecía esta guarda correspondería a su anterior pareja, algo que quería evitar. Sin embargo, una de las opciones que se puede plantear es la elección de un tutor para los primogénitos menores en el caso de que ambos progenitores fallezcan tal y como lo establece el Código Civil en su artículo número 223 y 224:

Artículo 223.- Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.

Artículo 224.- Las disposiciones aludidas en el artículo anterior vincularán al Juez, al constituir la tutela, salvo que el beneficio del menor o incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará mediante decisión motivada.

Por otra parte, la educación y disciplina en un hogar donde convive una pareja con un hijo no común puede verse afectada por la capacidad de los niños de interpretar la situación en la que se encuentran. Efectivamente la hija de ella era consciente de que él no era su padre real, por lo que acudía siempre con su madre para obtener lo que quería.

Esto preocupaba a la pareja ya que es bien sabido que en estas circunstancias la educación y disciplina de la niña puede afectarse, por lo que legalmente nos encontramos otra vez ante una preocupante ausencia de normativas que legislen la guarda de un conviviente no progenitor ya que lo establecido en los artículos número 1362 y 68 del Código Civil solo aplican cuando las parejas con primogénitos de anteriores matrimonios contraen nuevas nupcias.

Por su parte, el articulo número 303 parece limitado con respecto a la autoridad que puede ejercer el conviviente no progenitor con respecto a actuar como guardador y a imponer ciertas medidas de control y vigilancia cuando considere estas oportunas, aunque no especifica los deberes y derechos de este con el menor. Por otro lado, el articulo número 304 valida los actos que realice el conviviente no progenitor con respecto al menor no común de la pareja si estos redundan en su utilidad. Finalmente, el articulo número 306 establece que el progenitor posee el derecho de recibir una indemnización por perjuicios y daños que padezca al ejercer la guarda, incluso si esto genera cargos al patrimonio del primogénito.

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La sociedad ha cambiado mucho durante los últimos años, y esto ha conllevado a que en el ámbito jurídico se creen nuevas figuras necesarias para regular a los ciudadanos modernos. Entre estas figuras se encuentran las denominadas parejas estables, las cuales representan en el sentido emocional y afectivo una figura análoga al matrimonio, sin embargo, a nivel legal y judicial existen ciertas diferencias a tener en cuenta y que detallaremos en los siguientes párrafos.

La actualidad social esta liderara por una generación que ha crecido con ideas adversas al matrimonio y con las reformas de las leyes de divorcio, esto ha provocado sin lugar a duda un detrimento negativo en las tasas de matrimonio y un aumento de las relaciones que se establecen como parejas estables. En España existe libertad plena para formar una pareja ya sea a través de un vínculo matrimonial o no. Esto ha conllevado a que muchas personas piensen que tanto las parejas matrimoniales como las parejas estables poseen derechos semejantes.

La realidad es que las llamadas parejas estables no están reguladas de manera expresa por una legislación específica estatal, por ello, cada Comunidad Autónoma adopta legislaciones propias para abordar el fenómeno social en el que se ha convertido la creciente tasa de parejas estables. Trece de las diecisiete comunidades de España han creado sus legislaciones propias para este tipo de parejas. La ausencia de una legislación de carácter estatal genera el problema de existir importantes discrepancias interregionales en cuanto a cómo deben regularse dichas parejas.

De igual manera, es importante tener en cuenta que, a pesar de existir legislaciones regionales para las parejas estables, dicha s normativas se diferencias considerablemente de las establecidas para los matrimonios. Como ya mencionamos, cada comunidad tiene sus propias leyes y regulaciones para las llamadas parejas estables, por lo que para hacer una comparación con las regulaciones establecidas para los vínculos matrimoniales nos basaremos en una legislación regional, específicamente las estipuladas en el derecho catalán. Las siguientes son las discrepancias más relevantes a nivel jurídico entre los matrimonios y las parejas estables:

1. En lo que respecta a la constitución de la unión, las parejas matrimoniales requieren que se contraigan las nupcias ante un funcionario o juez, mientras que, por su parte, las parejas estables se constituyen automáticamente cuando exista convivencia por 2 años de forma ininterrumpida, por un acta notarial o por la presencia de un primogénito en común.
2. Todos los matrimonios cuentan con un tipo de régimen económico que regulara los patrimonios de dicha unión, pudiendo elegirse cualquiera de los tres que estipula el Código Civil al realizarse las capitulaciones matrimoniales o determinándose de forma predeterminada en caso de que no se realicen capitulaciones. Por su parte, la pareja estable no se haya regulada por un régimen económico en particular a menos de que se elija uno de forma expresa.
3. A efectos fiscales y tributarios, los integrantes de las parejas estables continúan siendo solteros, por lo que deben realizar la declaración de los tributos de forma individual o monoparental, mientras que, por su parte, el matrimonio supone la posibilidad de hacer dichas tributaciones en conjunto o de forma monoparental o individual.
4. Las prestaciones derivadas de la disolución de la unión son diferentes para los matrimonios y para las parejas estables, puesto que la prestación que puede exigir un cónyuge se basa en el desequilibrio económico que produce la separación, mientras que por su parte la prestación a la que puede optar el conviviente se establece en base a la necesidad de sustento de uno de los integrantes de la pareja estable.
5. La forma en la que se extingue una unión matrimonial requiere de la muerte de uno de los cónyuges o del divorcio. Sin embargo, una pareja estable puede disolverse o extinguirse sin cumplir dichos requisitos, ya que esta unión cesa con la finalización del estado de convivencia, por la muerte de un conviviente o porque uno de los convivientes contraiga matrimonio.
6. Finalmente, una última diferencia de estos dos tipos de figuras deriva de la pensión por viudedad, ya que mientras que el conyugue viudo tiene derecho a esta pensión independientemente si estaba divorciado del fallecido al momento de la muerte, para los convivientes de una pareja estable solo se ofrece dicho derecho si mantenía vigente la convivencia al momento de la muerte.

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Estamos transitando una época en la que el matrimonio no se considera una prioridad para los jóvenes, quienes prefieren no formalizar la relación con sus parejas, este creciente desapego a la cultura del matrimonio ha conllevado que la ley cree figuras semejantes a este tales como la pareja de hecho.

El matrimonio implica la posibilidad de divorcio, y lamentablemente esto ha conllevado a que se genere en las jóvenes parejas un temor por la consideración social de que esto representa un fracaso moral. Ante las muchas desventajas y problemas que se han difundido sobre el matrimonio, han quedado relegados los beneficios y las ventajas legales que generan las uniones nacionales, por ello a continuación repasaremos las ventajas más importantes que se obtienen al formalizar un vínculo matrimonial.

1. Pensión por viudedad:

Si uno de los integrantes de la relación matrimonial fallece y este género pensión por viudedad por su estado fiscal, el superviviente tiene derecho a reclamar dicha pensión en el contexto en que tengan más de un año casados, o que posean hijos comunes independientemente del tiempo que poseía el vinculo nupcial.

2. Declaración de impuestos:

Una de las excelentes ventajas que posee el matrimonio a nivel fiscal está relacionada con el IRPF, también conocido como el impuesto de la renta. En este caso se brinda la posibilidad de realizar una declaración en conjunta de dicho impuesto cuando uno de los integrantes de la pareja no genera ingresos, sin embargo, es necesario aclarar que esto será estudiado por un especialista en tributaciones.

3. Herencia:

El Código Civil contempla a los conyugues en la elección de los favorecidos por una herencia. El porcentaje de herencia que le corresponde al conyugue varía dependiendo de la existencia de otras figuras que también poseen derechos sobre la herencia, tales como los descendientes y ascendientes del fallecido.

Si el fallecido posee hijos, el conyugue estaría beneficiada por un tercio de la herencia dado a que el resto estará destinada a primogénitos y se destinara a mejoras. De igual forma, si los hijos no son comunes, el conyugue puede optar por exigir que su parte de la herencia sea entregada por una cantidad de bienes contemplados en la herencia o por dinero. De igual forma, ciertas comunidades autónomas tienen excepciones fiscales especiales para conyugues viudos.

4. Sociedad de tipo gananciales:

Una de las características fundamentales de la unión matrimonial, a diferencia de otras figuras, es que una vez establecido el matrimonio y en caso de no pactarse otro tipo de régimen en las capitulaciones, se instituirá un régimen de tipo ganancial desde el momento en que se inicia el matrimonio, por lo que todos los bienes y ganancias generadas pertenecerán por igual a ambas partes del matrimonio.

5. Permiso por matrimonio:

Una de las cosas que muy pocas personas saben es que el Estatuto de Trabajadores, en el artículo número 37.3, establece que los trabajadores tienen derecho a quince días destinados a vacaciones luego de haber contraído nupcias, por ello, luego de casarse puedes solicitar este corto periodo vacacional.

6. Nacionalidad:

Uno de los beneficios más conocidos del matrimonio es el relacionado con la nacionalidad. En España se puede solicitar la nacionalidad de nuestro país con altas probabilidades de obtenerla si se contraen nupcias con un ciudadano español. En este sentido se exige que al menos exista 1 año conviviendo juntos en unión matrimonial para poder solicitar la nacionalidad.

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Durante el año 2015 en España fue aprobada la llamada Ley para Segunda Oportunidad, la cual posee fundamentalmente el objetivo de eximir deudas para aligerar las obligaciones financieras individuos que lo requieran por su comprometido estatus financiero. Dicha legislación está regulada por el R.D Ley 25/2015 y lamentablemente continúa siendo ampliamente desconocida para muchos empresarios y autónomos, por ello en los próximos párrafos dilucidaremos algunos de los detalles de esta legislación.

Como su denominación lo indica, la normativa para segundas oportunidades ofrece la posibilidad de que un empresario pequeño o un particular inicie desde cero sin deudas en el caso de que su estado financiero sea deplorable. La manera en la que actúa la ley en cuestión es mediante la renegociación del plan de pago y abono de deudas de modo que el deudor tenga la posibilidad de afrontar los gatos de su vida. Incluso, si ante el juzgado no se logra un acuerdo de renegociación puede exonerarse o cancelarse los importes adeudados. En tal supuesto dicha resolución ha de ser dictaminada por el juez de la Primera Instancia si el deudor es particular, o por las instancias mercantiles si el deudor es empresario.

Requisitos para apegarse al beneficio de esta normativa

Es necesario que el particular o el empresario autónomo que pretenda apegarse al beneficio de la normativa en tema cumpla con los 2 requisitos siguientes:

1. Demostrar su incapacidad para pagar las deudas: El deudor debe acreditar que ha liquidado cada uno de los bienes de su patrimonio durante el proceso concursal llevándose a cabo el pago posible del importe adeudado. Esto supone que el deudor debe carecer de activos y dinero para llevar a cabo el pago.
2. Demostrar su buena fe: Aunque parezca un poco subjetivo la denominación “buena fe” las leyes determinan que el deudor puede ser considerado de esta forma si intento realizar u acuerdo para el pago del importe que debe a sus acreedores, cuando su estado de insolvencia no fue provocado de forma deliberada, cuando no ha sido beneficiado por dicha legislación en los últimos 10 año, cuando este exento de delitos económicos y cuando no haya rechazado un empleo que pueda desempeñar sus capacidades.

Como se evidencia resulta imprescindible que el deudor que pretenda beneficiarse por la normativa para segundas oportunidades debe inicialmente hacer el intento de negociar extrajudicialmente el pago del importe adeudado con los acreedores, y en el caso de que dicha vía falle es cuando podrá solicitar el beneficio de esta ley.

¿Cuáles son las deudas cancelables?

Entre las deudas que pueden llegarse a exonerar con la conocida Ley para Segundas Oportunidades deben destacarse aquellas que se generan de subastas y las provocadas por ejecución de inmuebles. Ahora bien, existen deudas que dicha ley no exime tales como aquellas contraídas con las entidades tributarias y con Seguridad Social. Como ejemplo se tiene el supuesto de una deuda hipotecaria valorada en ciento cincuenta mil euros donde la entidad bancaria ejecuta y subasta el inmueble por cien mil euros, en este caso la normativa para segundas oportunidades exoneraría si se cumplieran los requisitos anteriormente descritos los cincuenta mil euros restantes de deuda.

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Cuando una empresa finaliza la relación contractual con sus empleados reconociéndoles su indiscutible derecho a percibir indemnizaciones, pero la misma se ha declarado en estado de insolvencia, la opción viable para lograr el pago de los adeudos pendientes con los empleados es a través de FOGASA o el Fondo para la Garantía Salarial.

Esta entidad autónoma que posee personalidad jurídica y depende del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social tiene el objetivo de abonar parte de la cuantía de sueldos pendientes en el supuesto de que la compañía por su estado financiero no este capacitada para satisfacer dichos pagos, es decir, que se encuentre insolvente. La cobertura aportada por FOGASA cubre desde las nóminas impagas hasta las respectivas indemnizaciones de la siguiente forma:

• Sueldos pendientes: Este importe será determinado durante el llamado acto para conciliación o a través de una sentencia judicial. Se contemplarán cada uno de los conceptos especificados por el conocido Estatuto de Trabajadores al igual que los sueldos de tramitación en caso de proceder. El fondo en cuestión pagara como máximo del doble del sueldo interprofesional mínimo cuando se calculen la cantidad de días trabajados pendientes. Los días a pagar también poseen un límite, siendo este de ciento veinte.
• Indemnizaciones: Para este particular FOGASA pagara las prestaciones establecidas durante una resolución administrativa o judicial o reconocidas por medio de la conciliación extrajudicial. Dichas indemnizaciones variaran dependiendo de la modalidad de despido y las causas alegadas para el mismo. En cuanto a la cuantía, esta será como máximo de 1 anualidad con un límite del doble del sueldo interprofesional mínimo para realizar el cálculo.
• Procesos concursales: Llegado al punto de la insolvencia es razonable que la compañía inicie un concurso de los acreedores, y en tal sentido, se requerirá que el nombrado administrador concursal emita una certificación donde se detallen los denominados créditos concursales.

Finalmente es necesario acotar que FOGASA no abona ciertos pluses relacionados a las remuneraciones que recibe el empleado por parte de su compañía tales como bonos por transporte, distancia, quebranto monetario, herramientas, vestuario, útiles, dieta o indemnizaciones por incapacidad temporal.

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En el caso de que seas una de las tantas personas que solicito un crédito avalado por ICO con el objetivo de salvaguardar la continuidad de empresa durante la crisis que ha provocado la pandemia y se te está dificultando lograr la devolución del mismo, te informamos que es posible llevar a cabo la ampliación del vencimiento de tal préstamo a través de la solicitud de reestructuración correspondiente.

Reestructurando un crédito ICO                           

El complicado contexto económico actual ha provocado que las entidades gubernamentales hayan publicado una serie de medidas, cada una con sus respectivos requerimientos para ser solicitadas, y que han sido diseñada para contribuir con los autónomos que se encuentran incapacitados de satisfacer el pago de préstamos ICO solicitados.

Entre las medidas que fueron aprobadas el doce de marzo se encontraban un conjunto de medidas destinadas a aportar un importe en euros de once mil millones que beneficiarían a aquellos autónomos en el marco de las notables perdidas percibidas a causa del Covid-19 y el estado de pandemia generado por dicha enfermedad.

De tal cantidad, un total de tres mil millones fueron asignados indirectamente a autónomos para que estos puedan hacer frente a las deudas por créditos ICO. Para ser más específico, la cantidad anteriormente descrita fue entregada a ICO para que esta entidad apoye la restructuración necesaria de los adeudos financieros que poseen aval público. Para reestructurar el abono de un préstamo ICO se crearon las siguientes medidas:

1. Extensión de los periodos de vencimiento.
2. Contribuciones directas de disminución del importe del crédito.
3. Transformación a créditos participativos.

¿Cómo extender el plazo establecido para la devolución del préstamo ICO?

Inicialmente el autónomo tiene que acudir a las oficinas del organismo financiero donde solicito dicho préstamo ICO la cual debe encontrarse adscrita al denominado Código para Buenas Practicas. De igual forma, el autónomo solicitante de la extensión o ampliación en cuestión cumplirá con efectuar la declaración confiable en donde se detallen cada una de las ayudas y subsidios públicos recibidos. Ahora bien, el banco solo está obligado a extender el plazo para la devolución del crédito ICO cuando se cumplan los requisitos descritos a continuación:

• Las cuentas y facturas del autónomo han de demostrar una reducción mayor del treinta por ciento en los meses en cuestión comparados con el año anterior.
• La solicitud para dicha extensión del vencimiento tiene que haber sido efectuada previo al veintiuno de octubre del 2021.
• El crédito en cuestión debió haber sido formalizado previo al Código para Buenas Practicas.
• Que el prestamos avalado no se encentre impugnado durante un período de tiempo mayor a noventa días por estado de mora.
• De igual forma, resulta necesario que el autónomo deudor tampoco se encuentre en estado de morosidad ante el CIRBE.
• El autónomo o solicitante debe estar libre de condenas o sentencias por infracciones contra Hacienda Pública o Seguridad Social.

Otro de los requerimientos a cumplir son los límites que establece la denominada Unión Europea en lo que respecta a ayudas estatales. Asimismo, el R.D. Ley 5/2011 estableció una serie de criterios de elegibilidad para apegarse a este tipo de medidas, y entre tales criterios debe mencionarse que el autónomo no esté sujeto a concurso de acreedores, estar al día con los pagos de tributos, subvenciones públicas y las obligaciones exigidas por Seguridad Social.

Entre tanto, se exige que el autónomo luego de lograr esta medida debe continuar con sus actividades empresariales para que la ayuda no sea revocada hasta como mínimo el treinta de junio del año 2022. Para finalizar, es preciso detallar que incluso cuando un autónomo no logra cumplir con todos estos requisitos relacionados a facturación, de igual manera puede obtener la extensión si el banco desea otorgársela.

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